Estado y Generalitat discrepan sobre el pago de 200 millones en obras
Un grupo de trabajo dirimirá la interpretación correcta de la disposición adicional tercera
El Gobierno central está dispuesto a destinar 200 millones más a infraestructuras en Catalunya el año que viene, y la Generalitat está encantada de recibirlos. Ambas administraciones coinciden y celebran el punto de partida. El problema viene al hablar de cómo se materializará el pago. Fomento quiere hacerlo en forma de obras que están en ejecución o a la espera de iniciarse mediante los presupuestos generales del Estado, mientras que la Generalitat, en cambio, reclama que el Gobierno haga una transferencia con el dinero y que la Conselleria de Territori decida a qué lo quiere dedicar.
La cuestión que separa a los gobiernos central y catalán se encuentra en la interpretación de la disposición adicional tercera del Estatut, que buscaba en su mode mento compensar el déficit en infraestructuras en Catalunya y que el gobierno del PP guardó en un cajón y Pedro Sánchez ahora trata de recuperar. No en vano, el debate se produjo en la comisión bilateral de infraestructuras celebrada ayer después de once años. Toda una declaración de intenciones de los socialistas en Catalunya, aunque no acabase siendo un éxito.
Para el conseller de Territori, Damià Calvet, los 200 millones que promete ahora el Ministerio de Fomento deben ser “una materialización directa” porque, según su interpretación de la disposición adicional tercera, “una cosa es la deuda y otra las inversiones ordinarias que deben programarse presupuestariamente”. La Generalitat quiere, de esta manera, que esos 200 millones sean realmente una aportación extraordinaria para paliar el déficit y hacer proyectos complementarios a los que ya tiene en cartera el Ministerio de Fomento y que ya han sido son prometidos una y otra vez.
“Estamos dando cumplimiento a lo que dice el Estatut, los ciudadanos de Catalunya lo que quieren es que las administraciones se pongan de acuerdo y resuelvan sus problemas de movilidad, que son consecuencia del déficit de los últimos años”, defendió el secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transporte, Pedro Saura. La reunión se celebraba en la sede del puerto de Barcelona, y Saura reconoció que le habría gustado anunciar el inicio inminente de los accesos viarios y ferroviarios del puerto, pero las discrepancias con la
LA PROPUESTA DEL GOBIERNO Fomento quiere saldar la deuda ejecutando proyectos que están pendientes
LA RESPUESTA DEL GOVERN
La Generalitat reclama el dinero para dedicarlo a otras actuaciones complementarias
Generalitat le aguaron el plan.
El listado de infraestructuras por priorizar que buscaba discutir el Ministerio de Fomento –y que acompaña esta información– ni siquiera se puso sobre la mesa por falta de tiempo. Tenían tantas cosas que hablar que apenas pudieron pasar del primer punto pese a estar reunidos durante más tres horas. Finalmente, decidieron crear un grupo de trabajo específico que haga de árbitro y resuelva la forma en que se pagarán en el 2019 esos 200 millones de euros que ya se acordaron en la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales. “Lo convocaremos de manera inmediata”, anunció el secretario de Estado tras la celebración del encuentro. En ese nuevo grupo de trabajo más técnico no se discutirán partidas presupuestarias ni proyectos de obras, el objetivo será analizar la letra pequeña de los textos de la disposición adicional tercera, las actas de las reuniones anteriores y la sentencia del Tribunal Supremo del 2015 para dirimir cuál es la aproximación correcta.
La postura de la Generalitat se basa en el único pago que se ha hecho efectivo de la disposición adicional tercera. En el 2010, el
gobierno transfirió 335 millones correspondientes al cálculo del déficit en inversión de infraestructuras del 2007 derivado del peso de Catalunya en el PIB estatal. Del año siguiente, el 2008, correspondían 759 millones que debían pagarse en el 2011 pero nunca más se tuvo noticia de ellos. El pago que se debate ahora corresponde a 200 millones de esos 759. El cálculo del periodo 2008-2013 asciende a 3.807 millones, según las estimaciones del Gobierno catalán, aunque ese punto ni se llegó a discutir ayer.
Pese a los distintos puntos de vista, ambas partes quisieron remarcar el buen entendimiento en la comisión bilateral. El propio conseller Calvet concluyó que quizás la solución podía ser “una vía mixta”, y Saura habló de “un punto de encuentro que permite mirar al futuro”. Sea como sea, la solución no tardará en llegar once años más. El Ejecutivo quiere tener resuelto este aspecto antes de llevar los presupuestos generales del Estado a las Cortes, así que la convocatoria de la reunión se espera que sea rápida y efectiva.