Alud de solicitudes de licencias para esquivar el 30%
El Ayuntamiento de Barcelona considera que esta situación se habría evitado si se hubiera decretado una suspensión de permisos
Las solicitudes de licencias de obra mayor en Barcelona han aumentado desde que el gobierno de Ada Colau promovió, el pasado junio, la obligación de reservar para viviendas sociales un 30% de nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, aportó estos datos después de que el propio Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) hubiera detectado este repunte en el número de visados de promociones de vivienda libre durante estos tres últimos meses para evitar el cumplimiento de la normativa. La medida no entrará en vigor hasta que reciba el visto bueno de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat.
En concreto, de junio a septiembre el Ayuntamiento ha registrado entre 50 y 60 solicitudes de obra mayor más que en el mismo periodo del año anterior –unas 553 en el 2018–, y 385 certificados de aprovechamiento urbanístico más, alcanzando los 591 desde junio, casi triplicando los 206 que hubo en los mismos meses del 2017.
Janet Sanz recordó que este certificado da un plazo de seis meses al promotor para pedir la licencia en las mismas condiciones normativas que había cuando la obtuvo, por lo que estos 591 podrían solicitarla esquivando la obligación de destinar el 30% a vivienda social aunque ya esté en vigor. En este sentido, resaltó que los proTambién yectos con certificado de aprovechamiento urbanístico no acabarán necesariamente materializándose, y criticó que en el sector hay una voluntad de intentar no cumplir la normativa: “Lo lamentamos, porque nos gustaría que los promotores y constructores se hicieran corresponsables”.
explicó que la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) ha enviado una circular a sus asociados para proponerles que “intenten saltarse esta norma” pidiendo la licencia o el certificado antes de que entre en vigor. Por eso, apeló a la responsabilidad y a la función social del sector, “que no es ajeno a las problemáticas de la ciudad”.
El pleno municipal aprobó la modificación de plan general metropolitano que obliga al 30% y amplía el área de tanteo y retracto a toda Barcelona el pasado mes de septiembre. Sin embargo, para que la normativa entre en vigor debe abordarse en la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat. Para ello, Sanz tiene previsto reunirse con los responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat este viernes para tratar de cerrar la propuesta y hacerla efectiva “lo más pronto posible”. Con todo, la Generalitat tiene hasta cuatro meses para estudiar y analizar la propuesta del Ayuntamiento.
Para Sanz, el “alud” de solicitudes de licencias y certificados podría haberse evitado si la aprobación inicial que se hizo en junio hubiera incluido la suspensión de estas licencias desde ese momento, pero añadió que ERC y PSC condicionaron su apoyo a que la medida no entrara todavía en vigor.