El CGPJ veta el lazo amarillo en una reunión oficial
La Generalitat no pudo participar ayer en una reunión de consejeros de Justicia de las comunidades autónomas con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque una de sus representantes, que iba a intervenir por videoconferencia, llevaba puesto un lazo amarillo, en solidaridad con los presos del caso 1-O. Poco después de la conexión, en los prolegómenos de la reunión, el Consejo se puso en contacto con la conselleria para que dicha representante, Montse Muñoz, directora general de Modernització de l’Administració de Justícia –en quien la consellera, Ester Capella, había delegado para el contacto– se quitase el citado lazo amarillo.
Fuentes de la conselleria indicaron que el comunicante, Camilo Simal, miembro del gabinete del presidente del Consejo, advirtió de que la reunión no daría comienzo si la directora general no se quitaba dicho lazo de la solapa. Fuentes del Consejo explicaron, a su vez, que la llamada se produjo para pedir a la representante de la Generalitat que prescindiera del lazo amarillo, dado que la conferencia que iba a iniciarse era un encuentro oficial de representantes de las administraciones públicas, que tienen un deber de neutralidad, en este caso con respecto a un proceso judicial en curso.
Ambas instituciones coincidieron en añadir que hubo dos llamadas más con intercambio de razones y puntos de vista sobre el problema planteado. Y también explicaron que la directora general catalana se ratificó en su decisión de mantener el lazo amarillo. Ante tal negativa, el Consejo tomó la decisión de desconectar la videoconferencia, que transcurrió sólo con la presencia de los consejeros autonómicos presentes en la sede de la institución.
Ante lo ocurrido, la consellera de Justícia remitió ayer al presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, una carta en la que manifiesta su “perplejidad e incredulidad por la discriminación por motivos ideológicos que han sufrido las legítimas representantes del Govern de Catalunya” en dicha reunión, convocada básicamente para abordar la problemática de los juzgados dedicados a resolver conflictos sobre cláusulas suelo. Capella reclama en la misiva la “rectificación inmediata” del CGPJ, cuya “actuación partidista se suma a la decisión de obviar las injurias, insultos y muestras de odio por motivos ideológicos expresados por jueces y magistrados en el fórum del Consejo”. Capella termina recordando que “el Poder Judicial debería proteger el ejercicio de los derechos fundamentales en lugar de impedirlos”.