La Fiscalía reclama más tiempo para decidir de qué acusa a Trapero

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer una prórroga para el plazo de cinco días que la Sala Penal le había dado con el fin de que presente sus conclusiones provisionales sobre el proceso contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y sus antiguos superiores con cargo político en la Conselleria d’Interior. La investigación sumarial se ha dado por concluida y el procedimiento entra ahora en la fase de juicio oral. No obstante, la agenda de señalamientos de la Audiencia hace prever que la vista difícilmente tendrá lugar antes de marzo o abril del año próximo.

En la Audiencia siempre se ha dado por seguro que primero tendrá lugar el juicio del caso 1-O en el Tribunal Supremo (TS). El hecho de que ahora vaya unos días por delante la petición de conclusiones a las partes en el caso de Trapero no condicionará la fecha de la vista. De hecho, si la Fiscalía pide ahora un aplazamiento para presentar sus conclusiones es, en parte, para asegurar la coordinación con los fiscales del Tribunal Supremo, que a su vez tienen ya muy avanzada la confección de su escrito sobre el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers y exmiembros de la Mesa del Parlament procesados por el caso 1-O.

En este sentido, en medios de la Fiscalía se baraja la posibilidad de una calificación alternativa en el caso de Trapero, que contemple en primera instancia la existencia de un delito de rebelión pero que a la vez plantee como segunda opción la tesis de un delito de sedición y otro de pertenencia a organización criminal. Este tipo de calificaciones alternativas es relativamente frecuente en los procesos penales, y si no se formula con mayor asiduidad es por el temor de que se interprete como un reconocimiento de la debilidad de la primera de las opciones que se contemplan, que naturalmente suele ser la más grave.

En este caso, sin embargo, la suma de las penas correspondientes a los delitos de sedición y pertenencia a organización criminal puede ser incluso más alta que la relativa al delito de rebelión. Sobre todo si se cumplen los propósitos de la Fiscalía del Supremo de no pedir en el caso 1-O la máxima pena, que es de 30 años, sino otras, en escala –según las responsabilidades de cada procesado– entre 15 y 25 años.

Para la Audiencia Nacional, en todo caso, resultaría conveniente que el juicio del Supremo se vea antes. El Supremo tendrá que revisar la sentencia de la instancia inferior y si el Alto Tribunal se anticipa con su fallo, ya le habrá dejado marcado el camino.