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La decisión del Supremo de suspender la sentencia sobre las hipotecas, y la reunión de Pablo Iglesias y Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners.
EL Tribunal Supremo, en una decisión inédita, se ha visto obligado a anunciar que revisará la sentencia mediante la cual obliga a las entidades financieras, y no a los clientes, a pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria. El lío económico y jurídico que ha generado dicha sentencia, que a su vez rectificaba otra anterior en sentido contrario, ha llevado al Alto Tribunal a convocar un pleno formado por 31 miembros para confirmar, anular o ampliar el fallo.
La citada sentencia establece únicamente que deben ser las entidades financieras, bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito las que paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados, pero no determina nada más. Al margen de la polémica que genera la decisión en sí misma, el Tribunal Supremo no determina si debe tener o no efectos retroactivos y, además, tampoco aclara si la filosofía de sus argumentos debe extenderse también a todos los demás gastos de constitución de las hipotecas que también pagan actualmente los clientes.
Numerosos abogados interpretan que la sentencia tiene efectos retroactivos que van más allá de los cuatro años anteriores, ya que no prescribe. En este sentido consideran que afecta a la totalidad de las hipotecas vivas, ya que se ha anulado el texto legal anterior, que ya no existe, y ha sido sustituido por el nuevo. Además también consideran que el mismo argumento del Tribunal Supremo justifica también que los bancos deban hacerse cargo de la totalidad de los gastos de constitución de las hipotecas, desde la notaría al registro de la propiedad o la tasación del inmueble.
El Tribunal Supremo, vistas las implicaciones económicas y sociales que ha abierto su resolución, haría bien en determinar, a partir de ahora, el alcance concreto que debe tener la misma para que todo el sistema jurídico, las administraciones públicas, los bancos y los clientes sepan a qué atenerse. Hay que tener en cuenta que, a partir de dicha sentencia, los tribunales ordinarios de justicia pueden verse colapsados por un alud de demandas contra la banca. La cantidad de dinero que pueden aspirar a recuperar los clientes –del orden de los 2.000 euros de media– es lo suficientemente importante como para justificar los gastos que comportaría la reclamación judicial correspondiente. Si se tiene en cuenta que hay 5,4 millones de hipotecas vivas, y por tanto susceptibles de reclamación, el quebranto para la banca podría multiplicarse hasta los 11.000 millones de euros y tendría graves consecuencias económicas.
A diferencia del contencioso sobre las cláusulas suelo, donde las entidad es financiera s ejercían una clara posición de abuso dominante sobre el cliente, y así lo dictaminóel Supremo en su día, en el caso que nos ocupa no hay tal cosa, sino tan sólo un cambio radical de la jurisprudencia que trastoca las normas legales que se seguían hasta ahora y que las entidades financieras se limitaban a cumplir. En un mercado tan importante como es el hipotecario cambiar las reglas de juego con efectos retroactivos crea una enorme inseguridad jurídica, no sólo en el sistema financiero sino en el propio sistema económico del país.
El desbarajuste que se ha organizado a raíz de la sentencia sobre el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados que comportan las hipotecas no sólo crea problemas económicos, jurídicos y sociales sino que también ha supuesto un serio desprestigio para el propio Tribunal Supremo. El pleno de esta institución deberá despejar, pues, las incertidumbres que se han generado y restablecer la seguridad jurídica, lo que no es tarea fácil.