Una cuestión hispánica

El independentismo está dividido en dos posturas enfrentadas. Una es la de Esquerra –con Junqueras al frente–, parte del PDECat y de Junts per Catalunya, con el apoyo de Òmnium Cultural, que consideran, tras el fracaso del pasado otoño, que la independencia sólo será posible cuando exista una mayoría social suficiente, que permita una negociación con el Estado sobre un referéndum legal. Y otra es la de Puigdemont, parte del PDECat y de JxCat, con el apoyo de Torra, la CUP, los CDR y la Asamblea Nacional Catalana, que quieren forzar una situación límite de enfrentamiento con España para llevar a cabo una declaración unilateral de independencia, que dicen tendría –¡esta vez sí!– apoyo exterior. En esta línea se inscriben la propuesta de la Asssemblea Nacional Catalana de liberar a los presos y tomar el control del territorio, así como la reprobación del Rey y la petición de abolición de la monarquía por el Parlament.

El pensamiento es libre y, no digamos, los deseos. Pueden los radicales pensar y decir lo que quieran. Pero los hechos son tozudos. Y uno de estos hechos es que el apoyo exterior –se sobrentiende que europeo– no llegará en un futuro previsible. Es más, no llegará de forma operativa para ninguna de las partes enfrentadas. Ni para el Estado, aun cuando haya que forzar, para negárselo, el marco normativo europeo vigente –las peripecias de las euroórdenes lo han puesto de manifiesto–; ni, menos aún, para un movimiento secesionista que no cuenta con la mayoría social y que es susceptible de contagiar a otros países. El “problema catalán” (para mí el “problema español” de la estructura territorial del Estado) es un problema interno de España, una “cuestión hispánica”, que debe afrontarse por los españoles sin esperar ayuda alguna para resolverlo. Hay que contar con la inercia de la historia, y esta enseña que, desde hace dos siglos, España ha estado ausente de la política europea. Las potencias europeas han querido, a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, que España –una España “sin pulso” lastrada por una política interior convulsa y cainita– quedase marginada y no estorbase. Cierto que, tras su ingreso en la Comunidad Europea, España ha mejorado su posición, pero la política exterior aún se hace en Europa por los estados, y en estos aún pesan mucho la inercia y sus intereses.

Fernando Olivié es un viejo diplomático español que ha decantado su experiencia y su reflexión en un libro excelente –La herencia de un imperio roto–, que ha alcanzado tres ediciones distanciadas en el tiempo (1990, 1999 y 2016). La paz de Westfalia de 1648 –escribe– puso fin al imperio hispano-católico de los Austrias y a la presencia de España en Europa; y el imperio español en América se emancipó en 1824, quebrándose el vínculo entre las nuevas naciones y la metrópoli. Diez años después, “las relaciones de nuestro país con Francia e Inglaterra, regidas por el tratado de la Cuádruple Alianza de 1834, convirtieron a la península Ibérica en un cuasiprotectorado franco-británico cuyas consecuencias se han prolongado hasta casi después de la Segunda Guerra Mundial”. Esta ausencia de una política exterior española determinó “incluso la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas (a causa) de que la guerra del 98 contra Estados Unidos sorprendió a nuestro país sin aliados”. Añádase la instrumentalización por Francia de la “disidencia española” (republicanos durante la Restauración, monárquicos durante la Segunda República, republicanos bajo Franco, etcétera), que ha sido usada “como una arma más” por los gobiernos de París frente a Madrid, y el cuadro estará completo.

Un episodio revelador de esta situación –destaca Olivié– se produjo al estallar la Guerra Civil. Sólo cinco días después de iniciada, el 23 de julio, se reunieron en Londres, a iniciativa del primer ministro Baldwin, este y Eden por parte británica, y Blum y Delbos, por la francesa. Pactaron un acuerdo de no intervención, suscrito luego por casi todos los países europeos. Se dice que el objetivo de este acuerdo era “cortar radicalmente toda ayuda extranjera a los combatientes españoles”, pero “la realidad es muy otra”: lo que pretendían los ingleses, y consiguieron, era evitar que la guerra civil española se extendiese fuera de nuestras fronteras y degenerara en una guerra europea”. Al precio, eso sí, de dejarnos solos y consentir que nos desangrásemos durante tres años en una guerra de pobres.

Se objetará que las cosas han cambiado y que bajo las presidencias de González y Aznar pareció que España tenía una proyección incluso superior a su peso real. Pero con Zapatero y Rajoy decayó el impulso, y, hoy, con el conflicto catalán exacerbado y los partidos degradados en una confrontación soez por el poder, ¿cuál es la imagen de España?, ¿qué capacidad de influencia tiene? Que nadie busque en Europa la solución de su problema, más allá de una formal defensa de los principios democráticos y del de legalidad. Nuestro problema lo afrontaremos solos. Mejor o peor. Antes o después. Es una cuestión hispánica.

Hay que contar con la inercia de la historia: desde hace dos siglos, España ha estado ausente de la política europea