La Generalitat y el Ayuntamiento aceleran la aprobación del 30%
La Generalitat está dispuesta a dar luz verde a la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de obligar a los promotores a destinar el 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. Así lo expresó el secretario de Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, tras una reunión mantenida con la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. A pesar de que la Generalitat había recibido el texto el día anterior, en la reunión se acordó intentar aprobar la medida en noviembre, para que entre en vigor de forma inmediata.
Serra afirmó “estar muy de acuerdo con la iniciativa”, pero consideró que presenta algunas carencias y la calificó de “insuficiente por ser muy genérica” e “improvisada”. En este sentido, argumentó que si se hubiera trabajado más podría haber sido más efectiva. La Generalita considera que su aplicación debería ser metropolitana y que esta no afectase únicamente a municipio por municipio .
Por su parte, Sanz manifestó que la reunión con el departament de Territori sirvió para “clarificar dudas jurídicas” y “como estaba establecido de llevar adelante” la norma. “De forma paralela se tratará la cuestión de las densidades”, explicó la edil que apuntó que esta cuestión podría aplicarse a través de otra modificación del plan general metropolitano, según apuntó que se lo habían trasladado desde la Generalitat.
Sanz insistió en que la norma ya establece que el 30% de vivienda social “se destine en el mismo barrio” y no únicamente en la misma promoción. Y precisó que lo que no se establece es que puedan crearse en barrios vecinos, posibilidad que se acordó con el PDECat, para que la iniciativa saliera adelante en el pleno. No se descarta de todas maneras esta última cuestión, aunque se trabajaría de forma paralela.
Inicialmente estaba previsto celebrar la subcomisión de Urbanismo –organismo que debe dar luz verde a la iniciativa– el 5 de diciembre. Al final después de la petición del Ayuntamiento y de los grupos promotores de la iniciativa la Generalitat la avanzará al próximo mes de noviembre para que pueda entrar en funcionamiento de forma inmediata.
Lo cierto es que en el Ayuntamiento existe preocupación por el retraso en la aplicación de la norma. En los últimos tres meses se ha registrado un importante volumen de solicitudes de licencias de obras nueva para construir vivienda y sobre todo de petición de certificados. El Ayuntamiento no desea que la cifra se dispare aún más. Por este motivo, Sanz reclamó ayer responsabilidad a los promotores para que no busquen resquicios para evitar cumplir con el 30%.
La obligación para los promotores podría entrar en vigor de manera inmediata el próximo noviembre