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Las negociaciones del Gobierno central con Bruselas para sacar adelante los presupuestos, y los problemas causados por la proliferación de patinetes eléctricos en Barcelona.
EL Gobierno español ha reaccionado con suma celeridad para aclarar las dudas que su proyecto de presupuestos para el 2019 había generado en Bruselas. El ejecutivo comunitario había advertido en una carta remitida el viernes a Madrid sobre los riesgos de que el Gobierno de Sánchez incumpla los objetivos del déficit y solicitaba una información completa tanto sobre aspectos del gasto como de los ingresos que no le cuadran. En síntesis, los servicios de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión ponían en duda que el Gobierno pudiese cumplir el objetivo de reducir el déficit estructural español en un 0,40% en 2019, por lo que solicitaban más información sobre los ingresos previstos. También criticaban que los gastos primarios netos aumenten un 1,7%, cuando las recomendaciones de Bruselas eran de limitarlos al 0,6%. Finalmente, la carta comunitaria expresaba su preocupación por la falta de concreción que no permite una evaluación rigurosa de los números presentados. Ayer sábado, el Ministerio de Economía español respondió a los tres interrogantes , con el debido detalle, y bajo el argumento general de que se trata del “mayor ajuste estructural que implementará España desde el 2013”. La respuestaincluyeunaseriedegarantíasenlasqueelGobierno socialista se juega su credibilidad ante los socios europeos.
En todo caso, las dudas y advertencias comunitarias sobre el anteproyecto de presupuestos del Gobierno español forman parte del manual de relaciones institucionales entre Bruselas y Madrid. Ya lo hizo con los presupuestos de 2016 y 2017 cuando gobernaba el Partido Popular y en unos términos más contundentes que los expresados en la carta del viernes. La Comisión Europea también ha advertido de forma similar sobre las cuentas de Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia y ha sido especialmente dura con Italia, a la que acusa de “incumplimientos sin precedentes” en la historia del euro. Que Bruselas trate de controlar las cuentas de los países comunitarios forma parte de los acuerdos tomados en junio de 2012, cuando los estados cedieron a la Comisión la capacidad de realizar cambios en los proyectos presupuestarios e incluso de vetar emisiones de deuda en caso de superar reiteradamente las previsiones de déficit. Aunque aquel pacto fue uno de los argumentos para el Brexit en el Reino Unido, también lo es que, desde su aplicación, los estados intentan contener mejor sus números rojos, lo que, en todo caso, revierte en una mayor confianza general. España se encuentra en una posición económica lo suficientemente desahogada como para dar un salto hacia adelante con el objetivo de hacer llegar las ventajas del crecimiento a todos y seguir además generando confianza entre los socios europeos. Unos presupuestos que deberían servir para consolidar los avances de los últimos años y, al mismo tiempo, revertir las desigualdades que la crisis económica generó.
El preceptivo control europeo de las cuentas de 2019 ha provocado una polémica en la que el líder de la oposición, Pablo Casado, pidió a la Comisión que fuera estricta y rigurosa con las cifras aportadas por el Gobierno español. Una actitud afeada desde las filas socialistas, que le acusaron de falta de sentido de Estado, y que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a afirmar que el tono de las advertencias de la Comisión no tendrían el calado de las que provocaron los presupuestos del PP. De hecho, la carta había sido firmada por un director general comunitario y estaba dirigida al secretario general del Tesoro. Es decir, una vía funcionarial para una comunicación que Madrid califica de “documento técnico” y que, ciertamente, quita dramatismo a las advertencias de la UE.