Sánchez acepta el grueso de la ley de emergencia habitacional
El Ejecutivo remitió hace una semana al Govern una oferta para retirar el recurso
El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a aceptar el grueso de las garantías de la ley catalana de emergencia habitacional para retirar su recurso de inconstitucionalidad impulsado por el ejecutivo del PP. De hecho, según el Ministerio de Política Territorial, la última propuesta remitida al Palau de la Generalitat el pasado martes sólo soslaya la expropiación de viviendas por razones sociales en pleno procedimiento de desahucio, sobre la que el Tribunal Constitucional TC) ya ha dictaminado en contra en siete sentencias.
El resto de medidas recogidas en la ley 24/2015, procedente de una iniciativa legislativa popular, y ajustadas tras un primer recurso ante el TC en la ley 4/2016, son aceptadas por los negociadores del Gobierno. Se trata, por ejemplo, de la expropiación temporal de uso de viviendas vacías propiedad de entidades bancarias por causas de interés social para destinarlas a su alquiler. Se trataría de viviendas incluidas en un registro y ubicadas en municipios con necesidades residenciales. De hecho, el Alto Tribunal ya había avalado esa posibilidad en sentencias referentes a leyes de otras comunidades como la de Navarra o el País Vasco.
También estaría dispuesto el ministerio a aceptar que los bancos, grandes tenedores de viviendas y personas jurídicas tengan la obligación de realojamiento de las personas en riesgo de exclusión social, así como la obligación de plantear alternativas de alquiler social a las familias que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca, antes de iniciar cualquier procedimiento por impago. Se acepta incluso el establecimiento de un régimen sancionador.
La negociación sobre el desistimiento del recurso arrancó con la reunión en Madrid de la consellera de Presidència, Elsa Artadi, con el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, el pasado 6 de septiembre. La consellera se comprometió entonces a hacer partícipes de la negociación a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), la Aliança contra la Pobresa Energètica i el Observatori DESC, promotores de la iniciativa legislativa popular que culminó con la ley aprobada en el Parlament por unanimidad. Según Sánchez Amor, al día siguiente de la cita ya hubo contactos técnicos, repetidos el 26 de septiembre y el 15 de octubre, hasta que el pasado martes se remitió una última oferta a la Generalitat para cerrar un acuerdo interpretativo que permita al Gobierno central desistir del recurso en su práctica totalidad.
Se da la circunstancia de que, según el ministerio, la oferta fue remitida a la Generalitat el día antes de que medio centenar de entidades y ayuntamientos catalanes, con la PAH y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al frente, reclamaran ante el Parlament al Gobierno de Sánchez la retirada del recurso.
Desde el ministerio se insiste en la conveniencia de cerrar un acuerdo lo antes posible, ya que el Constitucional ha ido pronunciándose sobre todas las leyes que las comunidades aprobaron en busca de garantías sociales contra los desahucios ante la laxitud de la normativa impulsada por el PP. En las últimas semanas, el Tribunal Constitucional ha fallado sobre las leyes del País Vasco y Extremadura y sólo tiene pendientes los recursos contra la norma catalana y la aragonesa. La apuesta del Gobierno pasa por desistir del recurso para evitar que el Alto Tribunal tenga que pronunciarse sobre medidas que el Ejecutivo está dispuesto a aceptar y dejar que se reafirme únicamente en lo referente a la expropiación de uso por razones de interés social con procedimiento de desahucio en marcha, que ya ha declarado inconstitucional en siete ocasiones.
Para el TC, esta expropiación vulnera las competencias del Estado. El tribunal entiende que se trata de un mecanismo distinto al previsto por las normas estatales para hacer frente a la necesidad de vivienda de las personas en situación de emergencia social y, en consecuencia, invade la competencia exclusiva del Estado para establecer las bases de la planificación de la actividad económica, que deben ser iguales en toda España.
La única reserva es la expropiación forzosa durante un proceso de desahucio, que el TC ya ha tumbado 7 veces