Nuevos impuestos en marcha
SIN esperar a la aprobación –aún dudosa– del proyecto de presupuestos del Estado para 2019, el Consejo de Ministros del viernes impulsó los trámites para poder implantar en unos meses los nuevos impuestos que había anunciado: el impuesto sobre transacciones financieras y la llamada tasa digital, al tiempo que puso en marcha las nuevas medidas para combatir el fraude. Con ello ha querido enviar a la Comisión Europea un mensaje de rigor fiscal en su voluntad de avanzar en el plan presupuestario pactado con Unidos Podemos.
Con las tres acciones citadas se pretende recaudar un total de 2.878 millones de euros el año próximo para contribuir a financiar la mitad del aumento del gasto social previsto en el proyecto de presupuestos del Estado. La otra mitad se financiará con la subida del IRPF para las rentas más altas, del impuesto de sociedades para las grandes empresas y del diésel, que se incluirán directamente en el citado proyecto de ley de presupuestos, dado que se trata de incrementos o modificaciones de impuestos ya existentes, por lo que no es necesario aprobar normas específicas.
España será el primer país europeo en aplicar la tasa digital, también conocida como tasa Google, un impuesto, a iniciativa de Francia, cuya implantación propone la Comisión Europea en todos los países comunitarios. El objetivo de esta tasa, llamada oficialmente en España “impuesto sobre determinados servicios digitales”, es compensar la elusión fiscal que hacen las grandes plataformas digitales en el pago del impuesto de sociedades que les corresponde, ya que trasladan su tributación a países con fiscalidad baja. Por ello la citada tasa, en lugar de los beneficios, gravará los ingresos por publicidad en línea, los del servicio de intermediación en línea y los de la venta de datos generados a partir de información proporcionada por los clientes que obtienen las grandes plataformas digitales. Serán aquellas que facturen más de tres millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo, entre las que se encuentran Amazon, Airbnb, Uber o Google. La aplicación de dicha tasa por nuestro país en solitario, sin embargo, puede tener efectos negativos en los procesos de inversión, tanto nacional como extranjera, en el ecosistema español de emprendimiento y digitalización, según se teme en el sector tecnológico. Si así fuera supondría un retroceso para la modernización de la economía española.
Los grandes buscadores y plataformas deberán pagar el año que viene unos 1.200 millones de euros por el nuevo impuesto siempre que no presenten recursos contra el mismo o pongan problemas para colaborar en su implementación. Por el 0,2% del impuesto sobre transacciones financieras, que se aplicará a las compraventas (operaciones netas intradía) de acciones de empresas españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros, al sector financiero le corresponderá pagar 850 millones . Y por las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal se espera incrementar la recaudación en 828 millones de euros.
Las dudas que plantea todo ello radican en si realmente se podrá conseguir la recaudación inicialmente prevista. De ello dependerá en parte el cumplimiento de los objetivos de déficit de los presupuestos del Estado, si es que finalmente se aprueban. El Gobierno afirma que ha sido prudente en sus estimaciones de ingresos pero faltará que, llegado el caso, ello se confirme.