El crimen y las leyes
Las consecuencias del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul; y el renovado debate sobre la posibilidad de abrir los comercios en domingo.
RECEP Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, no hizo ayer un relato pormenorizado, tal y como se esperaba, de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, el pasado día 2 de octubre. Pero los resultados de la investigación que expuso ante el Parlamento de su país son elocuentes. Según dijo el presidente turco, Khashoggi fue asesinado de modo salvaje y premeditado en la legación saudí, a la que en las horas y días previos al crimen llegaron una quincena de agentes saudíes, algunos de los cuales visitaron bosques en los que ahora la policía turca busca los restos del periodista. Erdogan explicó también que el sistema de cámaras de seguridad del consulado había sido desactivado, aseguró que Turquía no iba a permitir que quedara sin aclarar un crimen cometido en el marco de su territorio nacional y reclamó a Arabia Saudí que le entregue a la quincena de personas ya detenidas para poder juzgarlas en su país.
El asesinato de Khashoggi ha desatado una crisis internacional. En primer lugar, dada la notoriedad de la víctima, que dirigió algunos de los principales diarios saudíes hasta que sus artículos críticos con el príncipe heredero Mohamed bin Salman propiciaron su caída en desgracia y le llevaron a colaborar con The Washington Post. En segundo, dado el lugar elegido para su desaparición. En tercero, porque este crimen, y de modo especial su brutalidad, provoca perplejidad y unánime rechazo a estas alturas del siglo XXI. Y, en cuarto lugar, porque la potencia económica de Arabia Saudí y las numerosas relaciones comerciales y políticas que le ha granjeado actúan ahora como una caja de resonancia global, que interpela al régimen de los Saud y a sus aliados, empezando por Estados Unidos y siguiendo por los de la Unión Europea, incluida España.
Si llega a confirmarse que Khashoggi fue torturado, asesinado y descuartizado en el consulado, el régimen saudí merecerá una condena generalizada. Esa condena puede ser verbal o puede tener consecuencias tangibles. De hecho, ya las está teniendo. La cumbre económica convocada por Arabia Saudí –el llamado Davos del desierto– para estos días ha acumulado ausencias y se ha visto deslucida. Pero hay otros modos de hacer entender al régimen de Riad que su conducta es inadmisible. Por ejemplo, vetando las ventas de armas que muchos países desarrollados le facilitan. El presidente Trump ya ha intentado sortear la coyuntura sin que su condición de primer suministrador de armas a Arabia Saudí se viera perjudicada. En cambio, la canciller alemana, Angela Merkel, manifestó que suspendía temporalmente las exportaciones de armas a Arabia, en tanto no se aclarara el caso Khashoggi. Al tiempo, instó a la UE a adoptar una postura común al respecto.
También ha llegado a España el eco del caso Khashoggi. Ayer el Congreso debatió y rechazó el veto a la venta de armas a Arabia Saudí, gracias a los votos de PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos, que prefirieron asegurar los puestos de trabajo de los astilleros gaditanos de Navantia, donde se construyen cinco corbetas para los saudíes, a censurar su inadmisible conducta.
Las razones de este rechazo del Congreso pueden entenderse, aunque no se compartan. Pero el asesinato de un periodista, al parecer por agentes estatales, es escandaloso. El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, avisó lord Acton. La muerte de Khashoggi no puede quedar impune.