Armas: control o atrocidades
Es difícil que alguien, mínimamente informado, desconozca las vulneraciones de los derechos humanos que sufren los saudíes (del que el último ejemplo es el cruel asesinato del periodista Jamal Khashoggi) o la brutalidad de las acciones cometidas en Yemen.
Incluso una guerra está sujeta a códigos de conducta para limitar el impacto sobre la población civil. En Yemen, los diversos actores armados enfrentados los han vulnerado todos: según un informe del secretario general de la ONU al Consejo de Seguridad de mayo, la coalición saudí ha bombardeado escuelas y hospitales o denegado el acceso humanitario a varias poblaciones. Por su parte, un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU apuntaba en agosto que en varios casos la población civil podía haber sufrido no ya un daño colateral sino un ataque deliberado.
Con estos antecedentes resultan incomprensibles las justificaciones que los ministros Josep Borrell e Isabel Celaá dieron sobre la supuesta inteligencia y precisión de las bombas vendidas a Arabia Saudí. No fue mucho más acertado el presidente Pedro Sánchez cuando dijo que su responsabilidad terminaba en la frontera. Precisamente, la ley española de comercio de armas, la posición común europea y el tratado sobre el Comercio de Armas, los tres instrumentos vinculantes para el Estado, exigen lo contrario: que antes de autorizar una venta se tenga en cuenta el impacto en términos humanitarios y de derechos humanos que dichas armas podrían producir. Y en caso de tener indicios racionales de que puedan ser usadas para cometer crímenes, su obligación –no su opción– es no venderlas.
Veremos si Sánchez, que hoy comparece en el Congreso para hablar sobre el tema a petición de Unidos Podemos y de ERC, sigue la senda de los países que, como Holanda, Noruega o, más recientemente, Alemania, plantean limitar la venta de armas a Riad o, por el contrario, prefiere no incomodar al régimen y, así, seguir abasteciéndole de armas con las que pueda cometer esas atrocidades.
Pero incluso si, por el momento, no se consigue que España cambie su política de venta de armas respecto a Arabia Saudí, no deberíamos
El Estado está obligado a parar una venta de armas si hay indicios racionales de su uso para cometer crímenes
concluir que nada ha cambiado. Hace 25 años toda crítica al comercio de armas no iba más allá del círculo de personas del ámbito de paz. Hoy, buena parte de la ciudadanía, periodistas, políticos o diplomáticos son conscientes de los graves impactos humanitarios de la proliferación y el descontrol de las armas y abogan por su control y limitación. Nunca, hasta ahora, una petición de la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón) había llegado tan lejos y generado tanto debate social, político y mediático.
Falta mucho, aún. Pero, pese a todo, estamos más cerca de poner fin a la impunidad de las armas y a las graves consecuencias humanitarias de su comercio irresponsable. Este es el camino que seguir y el Gobierno debería ser consciente de ello.