El Gobierno arremete contra los giros del TS y los califica de insólitos
El Gobierno rompió ayer la estrategia de contención que había sostenido frente a la crisis abierta en el Tribunal Supremo (TS) por el “giro radical” dado a su jurisprudencia sobre quién debe pagar los impuestos de las hipotecas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anteriormente magistrada de la Sala de lo Contencioso, la que ha acordado la nueva doctrina, consideró “insólito” que el presidente de esta instancia, Luis María Díaz Picazo, haya arrojado una “sombra de duda” sobre los jueces que dictaron las citadas sentencias.
Por su parte, Unidos Podemos ha ido más allá y ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo.
Hasta ayer, el Ejecutivo no había entrado a fondo en el debate sobre estas resoluciones, aunque la titular de Economía, Nadia Calviño, dijo el día anterior que “todo lo que afecte a las hipotecas es extremadamente importante y sensible en nuestro país”. Calviño afirmó que “hasta ahora, nos regíamos por un marco jurídico, además interpretado de forma coherente por los tribunales, que iba en una dirección, y la semana pasada el Supremo cambió esta dirección, y eso ha abierto una cierta inseguridad jurídica”.
Margarita Robles, en cambio, fue mucho más allá, entrando en el cuerpo a cuerpo en el debate, al afirmar que “en los doce años que he estado en esa Sala del Supremo nunca he visto nada parecido”. Y lo explicó añadiendo que la convocatoria del pleno realizada para el próximo 5 de noviembre “no favorece la idea de seguridad jurídica”. La ministra de Defensa dijo también que, en todo caso, ese pleno tuvo que celebrarse antes, ya que se ha apreciado que la decisión tenía y tiene especial relevancia económica y social. Robles consideró “absolutamente desafortunada” la convocatoria a posteriori para determinar si se confirma la doctrina de los magistrados que atribuyó dichos pagos a la banca.
De hecho, en la propia Sala de lo Contencioso impera el criterio de que la reunión plenaria debió llevarse a cabo, efectivamente, antes de que la sección correspondiente de esta instancia dictara las sentencias. Hacerlo después –se añade en dichos medios– alimenta las especulaciones sobre la existencia de presiones de los bancos sobre el Supremo para que mantengan la anterior jurisprudencia, de acuerdo con la cual eran los prestatarios, y no las entidades financieras, los que tenían que asumir el pago de los impuestos relativos a los actos jurídicos documentados.