De la ley a la esperanza
El fin de la instrucción de la causa judicial contra los líderes del 1-O en el Tribunal Supremo; y los buenos datos del empleo en España.
EL proceso judicial contra los líderes del procés, que hace un año trataron de materializar la independencia de Catalunya, sigue su curso inexorable. Ayer, el Tribunal Supremo confirmó el cierre de la instrucción de esta causa, desoyendo la petición de las defensas en favor de nuevas diligencias que la hubieran prolongado. Y emplazó a la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado y al partido Vox, que ejerce la acusación popular, a presentar en cinco días sus escritos. Todos ellos deberán precisar ahora si mantienen las acusaciones de rebelión, malversación y desobediencia. Ordenada ya la apertura del juicio oral, seguramente a principios del 2019, los dieciocho procesados están hoy más cerca del banquillo.
La noticia de ayer provocó reacciones, especialmente entre los independentistas. Quim Torra, presidente de la Generalitat, tildó la apertura del juicio de consumación de “una infamia”. Y añadió, sin miedo a la hipérbole, que este no sería un juicio contra unos políticos, “sino contra dos millones de catalanes que fueron a votar el 1-O”. Portavoces de JxCat y de ERC rechazaron el argumento del Gobierno socialista conforme debe respetarse la separación de poderes y, por tanto, no está en su mano presionar a la Fiscalía en lo relativo, por ejemplo, a la acusación de rebelión, que conlleva penas muy severas. Es fácil comprender que desde el soberanismo se empuje al Gobierno a influir sobre la Fiscalía o la Abogacía con fines políticos, hasta modificar su criterio. Pero también deberá convenir el soberanismo que al hacer tal petición deja sin fuerza anteriores acusaciones al Gobierno central porque, en su opinión, en España ya no hay separación de poderes. No se puede pedir ese tipo de intervención en un caso cuando en otros es motivo de la más rotunda y lógica denuncia.
La coyuntura es tensa. Pero también es evidente que los socialistas han introducido en el debate unos elementos de distensión que brillaron por su ausencia cuando gobernaba Rajoy. Son ya varios los ministros que se han pronunciado contrarios a mantener la prisión preventiva de los encausados. Y no fue ni mucho menos irrelevante la sugerencia de Sánchez, el miércoles, sobre lo impropio de aplicar el delito de rebelión a algunos acusados. Nótese, además, que el presidente tuvo la habilidad de apoyarse en unas declaraciones de Federico Trillo señalando que tal delito sólo es inherente a los golpes de Estado dados por militares o civiles armados a las órdenes de militares. El exministro de Defensa con el PP no es sospechoso de connivencia con los nacionalismos periféricos. Ni es un político sin lazos con la judicatura sino, por el contrario, uno con brillante expediente académico en el Derecho y que ha tenido o tiene relaciones fluidas con la cúpula judicial.
Pablo Casado, el joven e impetuoso líder del PP, se lanzó contra Sánchez tras escucharle sugerir que el delito de rebelión no hacía al caso y le acusó de complicidad con lo que él llama golpe de Estado en Catalunya. Pero no hay que ser independentista para admitir que lo ocurrido aquí hace un año no estuvo alentado por militares ni por civiles armados a las órdenes de militares.
Hemos afirmado otras veces, y lo reiteramos aquí, que las prisiones preventivas de los procesados se están alargando más de lo deseable. Sostenemos también que el fundamento del delito de rebelión es más que discutible. Y concluimos señalando que todo aquello que abone la distensión puede despejar horizontes de futuro, mientras que la crispación los ennegrece.