Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox componen el frente acusatorio
La tesis de la rebelión ha constituido su común denominador en la instrucción
En el caso 1-O no sólo interviene la Fiscalía como parte acusadora, sino también la Abogacía del Estado y el partido político Vox, que ejerce la acción popular. La Fiscalía General del Estado fue la que elaboró y presentó la querella que marcó el inicio de este proceso penal. El anterior fiscal general, José Manuel Maza –fallecido durante un viaje oficial a Argentina hace un año– encargó la preparación del texto a la Secretaría Técnica, que es el Estado Mayor de la institución. De ahí partió la acusación de rebelión, tras la declaración unilateral de independencia (DUI).
El texto, sin embargo, había empezado a prepararse varias semanas antes, a raíz de los debates de comienzos de septiembre del año pasado en el Parlament y de los hechos de los días 20 y 21 del mismo mes ante la Conselleria d’Economia. En la calificación de los hechos como delito de rebelión influyó la previsión del artículo 384 bis del Código Penal, que prevé la suspensión de todo procesado por esta figura delictiva.
En aquellas fechas, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que se había “descabezado” al independentismo. Inherente a esta idea estaba el propósito de que los acusados del 1-O no volvieran a ejercer cargo público. Desde luego, no de forma inmediata.
En cuanto a la Abogacía del Estado, se personó en la causa el pasado 13 de febrero, esencialmente en representación de Hacienda, que es la función principal de dicha institución, y para reclamar el dinero supuestamente malversado en relación con el 1-O. Pero lo habitual es que la Abogacía del Estado apoye las tesis del fiscal en el resto de aspectos de los procesos penales, y lo ha hecho también en este caso, sosteniendo la acusación de rebelión.
La Abogacía mantuvo esa misma sintonía con la Fiscalía y con el juez cuando se dictó el auto de prisión incondicional de los actuales encarcelados por el Supremo. También lo ha hecho el partido político Vox, que ha hallado en el caso 1-O una oportunidad de continuada presencia pública. Con ello, de paso, puede haber alimentado sus expectativas electorales.
La querella empezó a redactarse tras los tensos debates del Parlament en septiembre del 2017