Sobre gestos, presos y presupuestos
Entré en prisión el 16 de octubre del año pasado por orden de la juez Lamela. El día 14, dos días antes, asistí a la última reunión en libertad, la del secretariado de la ANC. Asistí con la conciencia de que, al cabo de 48 horas, la Audiencia Nacional me mandaría a la cárcel. Mis palabras ante los compañeros de la ANC fueron muy pensadas. Les pedí que no olvidaran nunca que nuestro objetivo, y más después de cómo se desarrolló el 1 de octubre, era trabajar para lograr la independencia y que si finalmente era encarcelado, les agradecería su apoyo, pero en ningún caso les permitiría intercambiar en mi nombre nuestra libertad a cambio de sacrificar posiciones en defensa del ejercicio de la autodeterminación.
Empiezo con esta anécdota de hace poco más de un año para que se entienda mejor lo que ahora diré. He meditado mucho sobre la oportunidad o no de escribir este artículo. Lo he dejado reposar. No lo he escrito en caliente y me lo he releído varias veces. Estoy seguro de lo que ahora diré.
No entiendo la razón ni comparto el hecho de pedir un gesto al Gobierno español a favor de los presos para aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez. El proceso judicial que estamos sufriendo las nueve personas que estamos en prisión y las cinco que están en el exilio es injusto y duro. Precisamente por ello lo que necesitamos son hechos y no gestos. Pero por encima de esta dura realidad, he dicho, hemos dicho todos juntos en varias ocasiones, que los presos no somos, no queremos ser, moneda de cambio de ninguna negociación política. Menos aún quiero en mi desdicha como preso y encausado ser intercambiado por unos cuantos votos para los presupuestos generales del Estado. No hicimos el referéndum del 1 de octubre para aprobar los presupuestos del Estado.
No puedo privarme de contar aquí una conversación –de una mañana de finales de septiembre en Lledoners– que tuve con un diputado de ERC a quien valoro mucho y con quien muy a menudo coincido en posicionamientos políticos. Le manifesté mi discrepancia por la escenificación de una demanda que se hacía de manera ostentosa en el hemiciclo del Congreso de Diputados, en algunas emisoras de radio y en todo tipo de declaraciones públicas, y donde se advertía a la opinión pública que si el Gobierno de Sánchez no daba instrucciones a la Fiscalía por nuestra libertad, no habría más margen de apoyo a este Ejecutivo y, particularmente, no habría nada que hablar ni motivo para sentarse en una mesa para dialogar. Desde aquel día he escuchado a través de los medios decenas de veces esta mismos argumentos. La penúltima ocasión con motivo de la visita de Pablo Iglesias.
En mi opinión y, por lo que voy viendo, también en la de Pablo Iglesias, en la de miembros del Gobierno socialista y también de periodistas y analistas de prestigio, la visibilización ostentosa de esta demanda acabará consiguiendo el efecto contrario de lo que supuestamente busca. Ante una derecha española extrema e hiperactiva, que sobreactúa diariamente acusando el Gobierno de Sánchez de ser rehén de los soberanistas, las demandas reiteradas de presupuestos a cambio de gestos con los presos puede provocar fácilmente tres efectos no deseados: 1. alimentar todavía más la gesticulación de la derecha españolista; 2. desincentivar al Gobierno de Sánchez a intervenir ante la Fiscalía para encontrar modificaciones relevantes por temor a la polémica y la tensión con el bloque constitucionalista y, sobre todo, su electorado, y 3. bloquear posibles modificaciones de oficio de la propia la Fiscalía ante el riesgo de que sean leídas como fruto de la presión gubernamental y, por lo tanto, desacrediten “su imagen”.
La discreción a menudo es importante, imprescindible, para alcanzar determinados objetivos. Bien lo saben los hombres y las mujeres que entraron las urnas en Catalunya y los millares que las custodiaron hasta el día 1 de octubre. Y en el caso que nos ocupa, también. Sólo hay que ver la delicadeza de las declaraciones de Iglesias y Asens a la salida del encuentro el viernes pasado a Lledoners.
Entiendo perfectamente que hay que abordar políticamente el debate sobre los presupuestos del Estado. De hecho, yo soy partidario de hacerlo. Pero pongamos sobre la mesa cuestiones políticas de calado. Exijamos al Gobierno de Sánchez que haga de una vez ya alguna propuesta sobre cómo desbloquear la negociación política. Exijámosle ya la retirada de todos los recursos que el gobierno de Rajoy llevó al Constitucional para detener la capacidad legislativa del Parlamento. Exijamos abiertamente, desde la unidad del Govern de la Generalitat y de las formaciones soberanistas presentes en Madrid, una oferta política de diálogo al Gobierno español.
Y, con respecto a los presos, la única posición que hemos asumido como digna y justa es el sobreseimiento de la causa o, en su defecto, la absolución. Y mientras eso no llega, la libertad. Y si al final la Fiscalía pide penas por sedición y no por rebelión, que por favor nadie se engañe. Serán igualmente injustas.
No queremos ser moneda de cambio de ninguna negociación; no hicimos el 1-O para aprobar las cuentas del Estado