La venta ilegal en las calles
La venta ilegal en las calles de Barcelona está, en estos momentos, fuera de control y lo más grave es, tal y como reflejó el Síndic de Greuges al desconvocar la mesa de trabajo creada para tratar esta problemática, que no hay voluntad por parte de las administraciones para solucionar esta situación.
En febrero del 2015, un contaje de personas vendiendo de manera no autorizada llevado a cabo por el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona situó la cifra en 349 vendedores. Hoy en día, simplemente en el paseo Joan de Borbó esa cifra queda más que superada. Si le añadimos todas las otras zonas tomadas por la venta ilegal diurna más la venta de cervezas por las noches el resultado es desesperante.
En julio del 2016, ante la pasividad de las autoridades, los miles de agraviados tuvimos que unirnos en una plataforma que hoy representa a todo el comercio de Barcelona, hostelería, restauración, gremios, patronales y también asociaciones vecinales, culturales, artesanales, lúdicas y de mercados ambulantes. Nuestro denominador común es la necesidad de una licencia municipal para ejercer cualquier actividad en la vía pública. A ello se le deben unir las innumerables
Una sociedad que permite que haya colectivos que se ganan la vida al margen de la ley colabora en la degradación de la ciudad
exigencias normativas, fiscales y laborales de cualquier actividad regulada.
Cuando hemos protestado reclamando el cumplimiento legal, lo hemos hecho contra todas las administraciones, ya que el Estado y la Generalitat podrían hacer mucho más. Pero la ocupación de la vía pública es responsabilidad del Ayuntamiento, lo cual se nos recuerda a menudo con regulaciones y sanciones contra los negocios de los que es fácil cobrar.
Si el 17 de agosto del año pasado Barcelona dio ejemplo de solidaridad fue, en gran medida, porque la inmigración, con más o menos dificultad, se ha ido integrando en la sociedad. Para regularizar a una persona que llega a nuestra ciudad sin permiso de trabajo es indispensable un contrato laboral. Así pues, los afectados por la venta ilegal somos parte de la solución cuando contratamos a personas que, de otro modo, se verían abocadas a la ilegalidad o a la expulsión del país.
Una sociedad que permite, con la complicidad de una cierta progresía de salón, que haya colectivos endogámicos que se ganan la vida al margen de la ley está perjudicando a los afectados arriba citados y colaborando en la degradación de la ciudad. Pero también está excluyendo a los inmigrantes de la integración social y, a menudo, empujándolos a la explotación humana.
La obligación de la ciudadanía es cumplir la ley. La obligación de las administraciones también; y además, hacerla cumplir. La situación actual de las calles de Barcelona demanda urgentemente que la alcaldesa Ada Colau implique al resto de responsables políticos para acabar de una vez por todas con la inadmisible venta ilegal en los espacios públicos que nos empobrece a todos y sólo beneficia a quien busca en Barcelona lo que Barcelona no debe ser.