El Ayuntamiento de Barcelona aprueba una declaración contra Felipe VI

El texto, similar al de la Cámara catalana, fue votado por Barcelona en Comú, PDECat, ERC y la CUP

Pedro Sánchez ya advirtió que estaba totalmente convencido de que era su obligación actuar ante lo que considera un ataque a la máxima institución del Estado. Así que, pese a que la víspera el Consejo de Estado le puso encima de la mesa su informe contrario, el Consejo de Ministros acordó ayer desoír este dictamen y presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la reprobación del Rey que aprobó el Parlament el 11 de octubre. “Por sentido de Estado”.

Una decisión que no sólo provocó un rechazo absoluto del principal aliado político de Sánchez, Pablo Iglesias, y que dificultará aún más la negociación presupuestaria que pretende con ERC y el PDECat, sino que también pondrá en una situación “muy comprometida” al propio TC, según alertan algunos veteranos del PSOE, hasta el punto de que podría fracturarse cuando tenga que resolver la cuestión.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, elevó notablemente la trascendencia de la resolución que aprobó el Parlament, a iniciativa de En Comú-Podem y con los votos de JxCat y ERC, para justificar el recurso al TC. “El Gobierno entiende que es inconstitucional, pues supone un nuevo intento del Parlament, como otros anteriores, de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el TC”, resaltó Celaá tras la cita del Consejo de Ministros en Sevilla.

Celaá expresó agradecimiento y respeto por el Consejo de Estado, que ahora preside María Teresa Fernández de la Vega. Pero el Gobierno, advirtió, “no comparte, en su totalidad, su argumentación jurídica”. Y reiteró que dicho dictamen, pese a ser preceptivo, no es vinculante para el Gobierno. La portavoz resaltó en cambio que el propio Consejo de Estado, pese a considerar que las resoluciones del Parlament –que condenan el posicionamiento de Felipe VI en el conflicto catalán y demandan la abolición de “una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”– no deberían ser impugnadas ante el TC por su naturaleza política y no jurídica, sí suponen en cambio “un grave atentado al principio de lealtad institucional” y “una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra”, así como “que comportan una total falta de respeto hacia la más alta magistratura del Estado”. El Gobierno aseguró así que no considera admisible, “ni desde el punto de vista político ni jurídico, el intento de abolición de la monarquía y un ataque injustificado a la figura del Rey”. Para el Ejecutivo, esto supone “una extralimitación en las funciones” del Parlament que vulnera la Constitución y el Estatut. Celaá insistió en que “la figura del jefe del Estado es inviolable y no puede ser objeto de disputa partidaria en una cámara autonómica”.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, interpeló de inmediato a Sánchez: “Si esta es la idea de

El Gobierno asegura que no dará instrucciones ni a la Abogacía ni a la Fiscalía para el juicio del 1-O

diálogo, de no judicialización de la política y de respeto por la libertad de expresión, vamos en direcciones diferentes”.

De hecho, ayer el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en el pleno una declaración de un tenor muy similar a la del Parlament a propuesta de la CUP y que contó con el apoyo del equipo de gobierno de Barcelona en Comú, el PDECat, ERC, así como de los dos concejales no adscritos, Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé, y el rechazo de PP y Ciudadanos. La declaración suscitó la reacción contraria del aspirante a la alcaldía Manuel Valls.

A vueltas con el Consejo de Ministros, esta semana Sánchez y Carmen Calvo expresaron su posición contra la acusación de rebelión por el 1-O. Celaá negó ayer toda intromisión del Gobierno en el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que deben presentar esta próxima semana sus calificaciones. La Fiscalía, dijo Celaá, es “autónoma e imparcial”, y la Abogacía hará sus calificaciones “con criterios exclusivamente jurídicos”. “Este Gobierno –zanjó–, no da instrucciones”. Y también advirtió, ante la incomodidad generada en el Tribunal Supremo, que el Gobierno “no pretende orientar” ni “marcar el paso” a nadie, y menos a los jueces. “No hay ahí ningún tipo de presión al poder judicial”, afirmó.