No parece muy serio
Lo que cambian dos letras, dos modestísimas letras: si dices golpe de Estado, estás diciendo derribo de un gobierno y toma del poder por la fuerza. En España hubo unos cuantos en los siglos XIX y XX. Si dices golpe al Estado estás hablando de otra cosa. Por ejemplo, y que nadie se ofenda, de la proclamación unilateral de la independencia de Catalunya. Pues bien: como todos sabemos, la derecha española –y no sólo la política– incorporó a su discurso el conflicto catalán como un golpe de Estado. La última y sonora vez fue este miércoles, cuando Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de ser “partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España”. Y ayer mismo su compañero Javier Maroto dijo en la Ser que “los golpes de Estado no se dan ahora con tanques, desgraciadamente, sino en los parlamentos”. No sé qué pinta el “desgraciadamente” en esa declaración, pero es lo que dijo.
Uno de los sonidos de fondo de la semana que hoy termina ha sido ese, acompañado por el motivo que lleva a esa dialéctica: el delito de rebelión, palabra mayor. Escuchada la opinión de Pedro Sánchez en el Congreso –con Federico Trillo como cita de autoridad para socialistas– y la de Carmen Calvo en Onda Cero, se puede certificar el cacao mental en que está gran parte de la clase política, también la izquierda gobernante. Está claro que el presidente ha corregido su criterio de hace cuatro meses y ahora no acaba de ver rebelión en los líderes del procés que van a ser juzgados. Y está claro que su vicepresidenta estaría más cómoda si desapareciese esa calificación. Pero me ha quedado la duda de si la señora Calvo, cuando ve rebelión sólo si hay uso de las armas, habla de golpe de Estado o de golpe al Estado. Es lo que tienen los jardines cuando nos metemos en ellos.
En todo caso, entrar en esos jardines no resulta impune. La consecuencia inmediata ha sido que parte de la prensa de Madrid ha visto en esas palabras una presión intolerable al Tribunal Supremo y a la Fiscalía. Incluso se publican testimonios de magistrados cuyo nombre se oculta que denuncian que se está destruyendo el Estado de derecho. Como se ve, se está produciendo un fenómeno muy frecuente en España: se empieza por discutir el significado de una palabra y se desemboca en un conflicto institucional, en la agresión a la división de poderes o en la supuesta destrucción del Estado de derecho. Es decir, otro golpe al Estado, pero esta vez surgido del propio Gobierno. No parece muy serio.
Y tampoco parece muy serio que, si hay discrepancias en torno a algo tan trascendente como el delito de rebelión, se trate a salto de mata, al calor de un debate o según la sagacidad de un periodista que pregunta. Sobre todo, cuando hay personas que se juegan hasta 25 años de cárcel y otros están condenados a vivir 20 años huidos de la justicia, mientras la clase dirigente, política o judicial, discute si son galgos o son podencos. Y mientras se está en esa discusión y en busca de su rentabilidad política, se corre el riesgo de deslegitimar el juicio, tanto si hay sentencia condenatoria como si hay absolución.