Bargalló revisará el concierto a escuelas que cobran cuotas “altas”
El Departament d’Ensenyament está determinado a retirar la financiación pública que reciben las escuelas concertadas si comprueban que “segregan por capacidad económica”, según indicó un portavoz de la conselleria. Los próximos conciertos que se revisarán son los del curso 2020-2021 en la etapa de primaria. También el Gobierno español analizará los pagos que las familias realizan a los colegios concertados que están financiados por las arcas públicas, según avanzó la ministra Isabel Celaá.
Ambas declaraciones de intenciones se producen después de que la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) publicara el jueves un informe en el que se indica que estos centros exigen de media 159 euros al mes y que unos pocos llegan a pedir hasta 800 euros. Según la Ceapa, “casi la totalidad de concertados infringen la gratuidad de la educación obligatoria”.
La conselleria, que no se opone a las cuotas que reciben los centros por distintos conceptos, rechaza la “segregación por capacidad económica” establecida en base a un determinado importe de las cuotas. “Se discrimina cuando son altas”, indicaron en el departament, que no precisó a partir de qué importe se considera “alta” una cuota. En todo caso, creen que este tipo de discriminación afectaría a sólo “una decena” de centros concertados catalanes. También señalaron que se baraja una lista de centros que segregarían por “religión”, un concepto que aún no han definido y, por tanto, desconocen su alcance.
La conselleria tiene intención de publicar un decreto el próximo año para establecer los términos del concierto del curso 20202021 en el que se incluirían estas posibles discriminaciones. El conseller Josep Bargalló se ha mostrado contrario a renovar los conciertos que segreguen por sexo, que ascienden a una docena en Catalunya pero no puede cambiar los acuerdos hasta su renovación dentro de dos años. Nada más llegar al cargo, el responsable de Ensenyament ratificó la renovación de los conciertos educativos a los colegios que había firmado el Gobierno central en marzo en nombre de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El acuerdo, por cuatro años, concernía a la etapa infantil y de secundaria.
Bargalló, no obstante, se ha declarado repetidamente a favor de preservar el sistema educativo actual –público, concertado y privado– dentro del ordenamiento jurídico actual, considerando que existen concertadas que están infrafinanciadas pero que desarrollan una labor social importante.
En este contexto, está próximo a salir el pacto contra la segregación escolar que impulsó el Síndic de Greuges que ha congregado a la clase política y la comunidad educativa en el último año. En este pacto podrían incluirse compromisos concretos para las escuelas concertadas. El borrador del documento plantea la gestión de los posibles cambios de centro, los criterios para el seguimiento de las asignaciones de oficio, la limitación de las matrículas fuera de plazo en centros socialmente desfavorecidos, el procedimiento de detección de alumnado con necesidades educativas especiales y el procedimiento previo de información de plazas vacantes en los centros.
Ensenyament hace el anuncio pese a que faltan dos años para que expiren los convenios con los colegios