La protesta de empleados públicos marca un pleno de gestos políticos
Las quejas de la Guardia Urbana, trabajadores de BSM y de servicios sociales ocupan la agenda
Si en otras ocasiones fueron vecinos quienes coparon los asientos de público de la sala de plenos, ayer fueron trabajadores del Ayuntamiento los que se sucedieron durante todo el día para quejarse y pedir explicaciones al gobierno de la alcaldesa Ada Colau por diferentes cuestiones que marcan la agenda política y que se enmarcan dentro de supuestos recortes económicos y conflictos de gestión. El de ayer fue un pleno que estuvo marcado por las reivindicaciones, aunque también por la gesticulación política. Faltan meses para las elecciones, pero el clima ya es de campaña.
Los primeros en llegar a Sant Jaume fueron los agentes de la Guardia Urbana que denuncian que están siendo sometidos a una purga orquestada por el ejecutivo local destinada básicamente a ajustarles las cuentas por motivos ideológicos. A los policías les siguieron los trabajadores de BSM afectados por la supresión del servicio de visualizadores de pisos turísticos ilegales. También se acercaron a las dependencias municipales varios empleados de los servicios sociales. Su teniente de alcalde, Laia Ortiz, no logró apaciguarles semanas atrás cuando les pidió “contención para llegar a finales de año”. Al contrario.
En este contexto, la oposición volvió emplear la inseguridad como arma política para poner al gobierno de BComú contra las cuerdas. Los concejales del PDECat sacaron adelante una proposición que condena la disolución de la Unitat de Suport Policial (USP) y que defiende su continuidad cuando la ciudad atraviesa un inquietante repunte de delincuencia. “Las funciones de esta unidad no se circunscriben al mantenimiento del orden público –subrayó el demócrata Jordi Martí–. Su trabajo es fundamental en asuntos tan importantes como el cierre de narcopisos”. Sólo los concejales de BComú y los de la CUP rechazaron la proposición. Algunos policías se levantaron y mostraron algunas pancartas reivindicativas. Colau los llamó al orden con una severidad poco habitual en ella. Su proceder fue celebrado de un modo muy irónico por el edil de Ciudadanos Paco Sierra: “Por fin vemos a la alcaldesa darle una orden a la Guardia Urbana”. La propuesta del PDECat también pide a Colau que atienda a sus responsabilidades en materia de seguridad o que nombre un concejal que lo haga.
Otra vez.
En el caso de los trabajadores de BSM, el gobierno de Colau acabó votando a favor de una proposición de ERC para mantener el puesto de trabajo de los empleados de BSM dedicados buscar apartamentos turísticos ilegales. El resto de grupos también apoyó esta iniciativa. “Queremos un compromiso para estas personas”, reclamó el concejal republicano Jordi Coronas. “Me comprometo a hacerlo, pero hay que buscar la fórmula”, dijo finalmente la teniente de alcalde Janet Sanz.
Reivindicaciones y gesticulaciones que estuvieron también acompañadas de frases grandilocuentes: “Hoy votamos más y mejor democracia”, arrancó la concejal de Ciutat Vella y de Participación, Gala Pin, en el regreso a la sala de plenos de la multiconsulta.
Y es que, el gobierno de BComú, tras el estrepitoso fracaso del pleno del 10 de abril, presentó ayer un recurso de reposición que avala que se pregunte a los ciudadanos por las cuestiones que sometía a votación el proceso participativo: el cambio de nombre de plaza Antonio López y López y la municipalización del agua. El recurso salió adelante con el voto favorable de los concejales de BComú, ERC y la CUP. ¿Se celebrará la multiconsulta? Pin reconoció que en este mandato seguro que no. Y para hacerla en el siguiente será necesario que quien entonces dirija el Ayuntamiento firme un decreto de alcaldía. A pesar de todo Colau quiso darle solemnidad al momento y tomó la palabra. “Es un
EL COMPROMISO Janet Sanz dice que garantizará el trabajo de los visualizadores de pisos turísticos
CON EL APOYO DE ERC Y LA CUP El pleno da a luz a una multiconsulta que dificilmente se celebrará
cambio estructural que ha llegado para quedarse”. La oposición no compartió su entusiasmo. “Saben que no habrá multiconsulta”, dijo el concejal del PDECat, Raimond Blasi. “Insisten para contentar a sus entidades afines. Es despilfarrar un millón de euros para preguntar por el nombre de una plaza. La gestión del agua corresponde al Área Metropolitana”, subrayó la líder de Cs Carina Mejías. “¿Por qué se esconden tras una consulta y no hacen como el Ayuntamiento de París?”, preguntó la portavoz del PSC, Carmen Andrés. “Esto es una chapuza jurídica con un coste exagerado”, manifestó el popular Alberto Fernández.
La sensación de dejà vu también regresó cuando los concejales de la oposición cargaron contra la gestión del gobierno de Colau de las terrazas de la ciudad, conflicto que parecía cerrado antes del verano. Cs logró sacar adelante una proposición que insta al gobierno municipal a aplicar la nueva norma de un modo proporcionado. También apoyaron esta iniciativa –que incluía una reprobación a Gala Pin por sus políticas al respecto– PDECat, PSC y PP. De este modo, el Gremi de Restauració de Barcelona encuentra eco para sus recientes quejas. Los restauradores aseguran que una de cada cuatro terrazas de Ciutat Vella está amenazada por el distrito. La guerra de las terrazas abrió ayer un nuevo frente.
Y si el futuro incierto de la multiconsulta, las quejas de los trabajadores o incluso propuestas como las de las terrazas, no evitó que el gobierno municipal sacara pecho de su gestión al frente del Ayuntamiento; el gobierno de Colau también quiso colgarse una medalla con la aprobación del inicio del expediente de la nueva contrata de basuras: el contrato más importante del Ayuntamiento al tener un valor superior a los 300 millones de euros anuales y ocho de duración más otros dos prorrogrables. Un expediente que suele ser de aprobación casi automática pero que, en este caso, estaba en el limbo desde el pleno del 27 de abril cuando el ejecutivo local optó por retirarlo a último momento del orden del día. Ayer salió adelante gracias al apoyo del PDECat, PSC y ERC después de que el gobierno de los comunes hayan aceptado que en pliego de cláusulas se priorice la innovación y los buenos resultados frente a la valoración económica de las propuestas que presenten las empresas que quieran ser adjudicatarias. Y también otras cuestiones, como que se tengan en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores.