El hombre que trastoca al Supremo
Preside la Sala de lo Contencioso del Supremo, ha sumido en el caos el mercado hipotecario
Luis María Díez-Picazo Giménez (Madrid, 1968) procede de una saga de juristas. Su padre fue una eminencia y él quiso seguir su camino. Su nombre ha saltado a la prensa por una maniobra en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que él preside y que se ha entendido como un intento de parar la sentencia que establece que debe ser el banco el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, que hasta ahora recaía en el cliente.
Díez-Picazo hizo un movimiento el pasado viernes 19 que prácticamente nadie entendió, ni siquiera sus compañeros de Sala ni el resto de magistrados del Supremo. Tras conocerse la sentencia que cambiaba la doctrina del alto tribunal sobre el mencionado impuesto, las consecuencias no tardaron en llegar. Los bancos se desplomaban en bolsa ante el temor de tener que devolver miles de millones de euros a los clientes. La sentencia no ha fijado a qué clientes aplicar a partir de ahora y a partir de cuándo, lo que ha generado la máxima incertidumbre.
El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no formaba parte del tribunal que dictó la sentencia. En privado, Díez-Picazo asegura que desconocía sus términos. Sin embargo, los seis magistrados que firmaron la resolución sostienen que sí estaba informado. Es más, el presidente de la sección, Nicolás Maurandi, llegó a solicitar a Díez-Picazo un letrado de apoyo para confeccionar la sentencia, dada su complejidad y éste se lo denegó, según fuentes conocedoras.
Cuando se conoció la sentencia el pasado día 18, este magistrado estaba fuera de Madrid en unas jornadas. Ese mismo día debía ir a otro encuentro también fuera de Madrid y no cambió de planes hasta que recibió una llamada. Según diversas fuentes fue el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, quien le alertó de las graves consecuencias económicas de la sentencia y que pusiera remedio a lo ocurrido. Fue entonces cuando Díez-Picazo decidió volver a Madrid. Al día siguiente, mantuvo una acalorada reunión con Maurandi, a quien acabó echando de su despacho. Díez-Picazo es un presidente no querido por sus magistrados, con golpes de genio que le pierden pese a ser generalmente un hombre educado. En esa Sala hay auténticos “pata negra” especialistas de lo Contencioso, con más años que él en el Supremo, como el propio Maurandi, y que no perdonan la maniobra con la que se echó a su antecesor, José Manuel Sieira, a punto de jubilarse.
Para muchos de sus compañeros, Díez-Picazo no debía estar ahí, aunque no es un criterio unánime. Si lo es fue por su estrecha relación con Lesmes, quien le promocionó y negoció con vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que votaran en su favor cuando tocaba renovar la presidencia de lo Contencioso. Lesmes quería quitar a Sieira, uno de sus enemigos, con quien había mantenido una disputa por el indulto del conductor kamikaze. Alberto Ruiz Gallardón, siendo ministro de Justicia, había concedido esa medida de gracia a este condenado y Lesmes lo apoyó. Fue Sieira quien consiguió que el Supremo se opusiera a esta maniobra.
Su carácter autoritario, con poco don de gentes y estirado, como le definen varios de sus compañeros, puede explicar que un día después de la sentencia emitiera una nota paralizando cualquier nuevo recurso sobre el asunto y convocando un pleno para que todos los magistrados de la Sala decidan si tiene que haber ese cambio de doctrina.
Todas las fuentes del alto tribunal consultadas coinciden en que la maniobra de Díez-Picazo fue torpe. Asociaciones judiciales han pedido su dimisión y él mismo se la habría ofrecido a Lesmes, quien se habría negado. Uno de sus graves errores fue la celeridad con que convocó el pleno y basar su idoneidad en las repercusiones económicas de la sentencia, olvidándose de los usuarios, beneficiarios de la resolución.
Sus enemigos hablan de “soberbia intelectual” e incluso han dicho que está al servicio de la banca: impartió clases en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), escuela de la que es titular la Fundación de la Asociación Española de la Banca (AEB). Otras fuentes niegan que se haya podido mover por intereses privados y defienden su peso intelectual y jurídico.
Lo que está claro es que todas sus aspiraciones profesionales se han desvanecido. Su nombre sonaba en las quinielas como futuro presidente del CGPJ y del Supremo, en sustitución de Lesmes, cuyo mandato acaba este año. E incluso para magistrado del Constitucional, al igual que su padre. El error de Díez-Picazo es el error de Lesmes. El presidente del Supremo y del CGPJ fue quien le designó a sabiendas que iba a crear un polvorín en la Sala.
Díez-Picazo no es un juez de carrera pero sus logros académicos y su cultura son indudables. Aprobó la oposición de letrado del Ministerio de Justicia, figura ya extinta pero que se equipara a la de abogado del Estado. Es cierto que sólo ejerció menos de dos años para dedicarse al mundo académico y lograr la cátedra a una edad temprana. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y consiguió el premio extraordinario de su promoción. El Real Colegio de España en Bolonia le concedió una beca para la Universidad de Bolonia. Formó parte de la élite, del club de los bolonios. Él mismo definió su carrera como “definitivamente atípica”. Compañeros suyos consideran que es “académicamente brillante”.
En 1990 ya era catedrático y fue contratado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia (Italia) como profesor de Derecho Público. Habla un perfecto inglés, francés e italiano. En sus viajes conoció a su mujer, francesa, con quien tiene tres hijos. Esos viajes cambiaron “su forma de ver el mundo”, como él mismo aseguró ante el CGPJ para ser elegido presidente de la Sala de lo Contencioso hace tres años.
Aprendió a “examinar los problemas desde una perspectiva no nacional. Soy un patriota y deseo lo mejor para mi país y lucho para que tenga lo mejor. Pero solo examinando los problemas en clave no nacional se puede resolver los problemas”, explicaba entonces. Volvió de Florencia como profesor de la Escuela Judicial en Barcelona. Compaginó su trabajo académico con su labor como abogado hasta que se incorporó a la Universidad de Castilla La Mancha, y en el 2008 fue nombrado magistrado del Supremo.
Fue también consultor y asesor en instituciones públicas. Joan Clos, alcalde de Barcelona, lo eligió para elaborar la ordenanza de civismo y ha asesorado a la Unión Europa y a los gobiernos francés y belga. Pero su experiencia “más interesante” –como él mismo la define– fue cuando en el año 2012, con Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, fue elegido presidente de la comisión encargada de una revisión integral de la ley orgánica del Poder Judicial, donde coincidió con Lesmes. “El grueso de la propuesta de modificación ha quedado aparcada en alguna mesa”, se lamenta.
En un acto inédito en la institución, paralizó una sentencia para someter en el pleno el cambio de doctrina