Gobierno y Generalitat firman la retirada de un recurso al TC
La ministra ve una “normalidad institucional” que el conseller niega
Ante las cámaras de los medios de comunicación, ayer en el Departament d’Acció Exterior se firmó el acuerdo para que el Gobierno de Pedro Sánchez retira parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que el anterior ejecutivo del PP presentó contra las leyes de emergencia habitacional. Un acto, con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el conseller de Acció Exterior, Ernest Maragall, que se hizo a petición de la Generalitat y que acogió con cierta sorpresa el ministerio. Pero los dos actores valoraron la repercusión de este restablecimiento y finalmente se acordó sin problemas la rúbrica ante la prensa. La recuperación de las normas, a efectos prácticos, contentó a los dos gobiernos.
Con el restablecimiento de las leyes 24/2015 y 4/2016 se obliga, por ejemplo, a las entidades financieras a ofrecer un alquiler social antes de proceder al desahucio. Sin embargo, tal como explicó Batet, la recuperación es parcial, ya que se mantiene el recurso contra las partes de las leyes que plantean la expropiación de viviendas que están en un procedimiento de ejecución hipotecaria. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado varias veces en contra en otras normas similares de otras comunidades autónomas. La ministra explicó que el Gobierno ofreció a la Generalitat cambiar la expropiación por una sanción a los bancos, pero el Govern no aceptó el cambio. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, ya expuso la semana pasada que no tocarían “ni una coma” de una ley impulsada por una iniciativa legislativa popular (ILP).
Esta restitución va acompañada por la admisión la semana pasada por parte del TC de otro desistimiento del Gobierno: sobre la ley de sanidad universal, en la línea del compromiso adquirido por Sánchez de estudiar la recuperación de leyes sociales suspendidas.
Además, la ministra anunció ayer que se plantea retirar ahora los recursos que Mariano Rajoy presentó contra la ley del cambio climático y la ley de protección social catalana. Esta última norma, que en su tiempo fue considerada una de las tres de desconexión, no será difícil de retirar porque el PP hizo alegaciones de cariz puramente político.
De todos modos, la rúbrica de ayer contentó, pero no satisfizo, a Maragall. La afirmación de Batet de que es un signo de “normalidad institucional” fue negada enseguida por el conseller, que al contrario, dijo que las relaciones continúan “lejos de la normalidad” y que no puede aceptar ni siquiera “como sucedáneo de normalidad”. Para Maragall, los “derechos democráticos arrancados de cuajo” a representantes políticos independentistas y el encarcelamiento de algunos de ellos se tienen que tratar “con absoluta urgencia”.
Así, Maragall aseguró que las relaciones con el Gobierno se dan en tres niveles. El nivel de las comisiones bilaterales, de resultas de las cuales se firmó el acuerdo de ayer y donde se aborda la revocación de recursos al Tribunal Constitucional, estarían en el tercer estadio.
La situación de los presos y la reclamación del independentismo para que se celebre un referéndum están en los dos primeros niveles. Con respecto a estas dos demandas, el conseller Maragall aseveró que “queda todavía mucho camino”, que “están prácticamente a cero” o que “no tienen ningún resultado apreciable”.
El Gobierno estudia ahora retirar el recurso contra la norma sobre la protección social catalana