Unipost pide a la Generalitat que diga si le debe dinero por el 1-O
La administración concursal valora en 95.000 euros el envío de 45.000 cartas
La presunta malversación de fondos del Govern por el referéndum del 1 de octubre del 2017 sigue siendo etérea. El despacho de abogados Jausas, administrador concursal de Unipost –en liquidación–, envió ayer un requerimiento a la Generalitat para que le diga si le consta en su contabilidad trabajos pendientes de facturar o facturas aún no pagadas al operador postal relacionadas con el 1-O.
En concreto, Jausas solicitó a los departamentos de Cultura, Salut, Treball, Presidència y Vicepresidència “las órdenes de pedido, albaranes, facturas, anulación de facturas, abonos o cualquier documentación contable relativa” a las seis facturas por valor de casi un millón de euros que forman parte del grueso de la causa por presunta malversación que instruye el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que también forma parte del sumario del Tribunal Supremo. El despacho, que tiene la obligación de velar por los intereses de los acreedores y accionistas de Unipost, ha dado 72 horas de plazo a la Generalitat para que responda.
El celo de Jausas por esclarecer el asunto se debe –además del ejercicio de su función como liquidador de Unipost– a la presión a la que le está sometiendo el juez, que el pasado agosto requirió al despacho para que verificase la existencia de las cinco facturas que la Guardia Civil encontró en uno de los registros practicados a Unipost.
A partir de esa fecha, el despacho y el juzgado se han cruzado papeles y hasta se ha producido la declaración de la administradora concursal en calidad de testigo. Todo para tratar de dilucidar si hay base para la malversación. En septiembre, Jausas contestó al juez y dijo que, en efecto, las cinco facturas existían, pero que habían sido creadas y anuladas el mismo día, el 7 de septiembre del 2017, tal como constaba en el registro de SAP –el sistema informático– al que accedió el despacho por medio de la empresa 3Hold, la firma en la que Unipost tenía subcontratada la gestión de facturas. Al ser facturas anuladas, no se podía reclamar pago alguno.
Sin embargo, la Guardia Civil encontró un rastro en el portal de proveedores de la Generalitat según el cual alguien utilizando el nombre de usuario de Pablo Raventós, exconsejero delegado de Unipost, reclamó el 18 de septiembre del 2017 el cobro de una de las citadas facturas por 197.000 euros. Fue entonces cuando el juez pidió a Jausas que resolviera la contradicción entre el hecho de que una factura estuviera anulada y se reclamara su pago. Jausas respondió que no tenía respuesta para eso.
Como para otras aparentes incongruencias. Por ejemplo, ¿por qué se crearon y anularon facturas en el mismo día? Nadie lo sabe. Las investigaciones de la Guardia Civil se dirigieron entonces a la identidad del usuario mromero, el que creó y anuló las facturas. Pero la pista también resultó ser falsa. La titular de esa cuenta de SAP abanbuscar donó la empresa en marzo del 2016. No pudo ser ella. ¿Quién la usó, entonces? En el 2017, cuando Unipost ya languidecía, se contrató a S2G Si, una filial de la consultora Deloitte especializada en outsourcing. La persona que usó esa cuenta –M. A. P.– ya ha prestado declaración ante la Guardia Civil.
Dos días después de la declaración de la administradora de Jausas ante la Guardia Civil, los investigadores volvieron a 3Hold para información sobre una sexta factura de Unipost, derivada de dos anteriores ya anuladas, por importe de 197.000 euros. Según la investigación, esta factura no está anulada, pero consta un abono en favor de la Generalitat por el mismo importe. Por lo tanto, tampoco cabe reclamar su pago.
Las declaraciones de Pablo Raventós y otros directivos no han ayudado a esclarecer los hechos o a apuntalar la presunta malversación. Al contrario. Raventós aseguró que la reclamación del pago efectuada en septiembre del 2017 se debió a un error. Y niega también trabajos específicos a la Generalitat por el referéndum ni que deba nada a Unipost.
Al margen de las facturas emitidas y anuladas, los investigadores sólo cuentan para intentar sustentar el delito de malversación con las cajas con 45.000 cartas encontradas en registros realizados en dependencias de Unipost en Terrassa y Manresa justo antes del referéndum. La administración concursal calcula que, si el trabajo de enviar esas cartas se realizara costaría unos 95.000 euros. Es lo más concreto que, a día de hoy, puede acercarse a la malversación que buscan los investigadores.
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