Atacar la fortaleza
El 24 de mayo del 2016 el BOE publicaba que el Tribunal Constitucional había aceptado a trámite un recurso presentado por Mariano Rajoy contra la Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Hacía más de medio año que el Parlament de Catalunya había aprobado esa ley de contenido social. Semanas antes, cuando se supo que el Gobierno la recurriría, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona reaccionó con contundencia: el recurso podía ser dramático porque muchas personas quedarían en riesgo de exclusión residencial. Pero el recurso se presentó, fue aceptado por el TC y la ley catalana quedó automáticamente suspendida.
Es un caso ilustrativo de una estrategia de demolición formal del pacto territorial. Durante los últimos años la Brigada Aranzadi, fundida con el gobierno popular, había milimetrado un método jurídico que en la práctica ha tenido un efecto centralizador: recurso tras recurso se edificaba una fortaleza legal que iba limando el despliegue del autogobierno catalán mientras nuestras instituciones olvidaban su función perdidas en el laberinto aislado que el procés iba construyendo. La cotidianidad política de nuestro país se encuentra paralizada en esta densa telaraña. Imaginar una resolución del conflicto que tenemos enquistado –la crisis institucional injertada a la crisis constitucional– pasa por iniciar el ataque contra esta fortaleza que es cultural, política y legal. Una fortaleza con tanto poder que puede imponer un relato falaz sobre los hechos del año pasado y así justificar una posición de la Fiscalía que sólo puede describirse como una causa general contra el independentismo.
Hace pocos días el diputado Jordi Sànchez –encarcelado injustamente– defendía aquí mismo una posición constructiva en un artículo importante. Argumentaba que los escaños independentistas en Madrid, a la hora de negociar los presupuestos, serán útiles, entre otras cosas, si permitían poner encima de la mesa “la retirada de todos los recursos que el gobierno de Rajoy llevó al Constitucional con el fin de detener la capacidad legislativa del Parlamento”. Todos quizás sean muchos (porque para empezar incluyen las dos leyes de desconexión), pero ciertamente algunos recursos podrían ser revisados para acomodarlos al marco legal vigente.
Es una oportunidad que sería autodestructivo malgastar. Es una oportunidad que puede cambiar la dinámica que ha hecho colapsar el Estado de las autonomías en la medida en que se ha pretendido asfixiar su constante punta de lanza: Catalunya. Podría ser un buen prólogo mientras nos preparamos para afrontar la crisis que a medio plazo sufriremos con unas sentencias que amenazan la credibilidad del Estado de 1978. Aceptar este prólogo tendría la potencialidad de reubicarnos en el marco de una efectiva negociación política y al mismo tiempo evidenciar a quien trabaja activamente, a ambos lados, para volver a hacernos descarrilar ya sea en la calle Génova o en la Casa de la República de Waterloo.
El martes pasado a los titulares del día se los llevó la presentación pública en el Saló Sant Jordi del Consell de la República –un nuevo y original artilugio que diría que sólo se lo creen, y poco, quienes dependen de él–. Pero pocas horas antes, en el mismo Palau de la Generalitat, la ministra Batet y el conseller Maragall –en tanto que presidentes de las partes que constituyen la Comisión Bilateral activada el verano pasado por los dos gobiernos– habían firmado otro acuerdo en virtud del cual el Gobierno español desestimaba parcialmente ese recurso presentado hace un año y medio por Rajoy en el TC.
Este golpe contra la fortaleza no fue obra de un día. El trabajo para firmarlo, según información de la Generalitat, lo habían pilotado el conseller y el ministro respectivos. “No podemos ni de lejos considerar que estamos en la normalidad que todos querríamos”, declaró Maragall, pero el alcaldable de Esquerra tampoco pudo dejar de presentar el acuerdo como “una buena noticia” en la medida en que tendrá efectos concretos: “Los ciudadanos de Catalunya recuperan un derecho que se les había arrebatado”. Un derecho que, según la nota de prensa del ministerio, permitirá que se pueda mantener 1) la propuesta de alquiler social por parte de los bancos con la persona que cumpliendo determinantes requisitos puede ser desahuciada, 2) la expropiación de uso temporal de viviendas vacías que son propiedad de bancos o grandes corporaciones y la cesión obligatoria de uso de estas viviendas, y 3) la obligación, en determinados supuestos, de realojar personas o familias en riesgo de exclusión social.
Se está trabajando en otros recursos para desestimarlos y así alterar la dinámica centralizadora. Se estudia qué hacer con los recursos contra la agencia de protección social, pasando por el que iba en contra de la ley de cambio climático o incluso con un paquete completo de leyes tributarias que la ministra de Hacienda contempla con el afán de repensar la función de la doble imposición. Naturalmente hay quien querrá sabotear esos posibles acuerdos. De acuerdo. Pero la nueva situación política evidencia que el ordenamiento constitucional no es pétreo y que su desarrollo depende de gobiernos, negociaciones y mayorías.
La nueva situación política evidencia que el ordenamiento constitucional no es pétreo y depende de las mayorías