Edificios rescatados por Colau de la especulación aguardan su rehabilitación
Dificultades administrativas alimentan la degradación de fincas compradas para frenar la gentrificación
Los vecinos del número 116 de la calle Hospital cuentan un relato muy escabroso sobre los roedores de su finca. Les ahorraremos los detalles. “El edificio se nos cae a pedazos, sobre todo cuando llueve –prosiguen–, y aunque nos quejamos el Ayuntamiento no nos hace caso”. “A veces vienen los técnicos y hacen muchas fotos... y luego nada”. “Al menos ahora tenemos puerta en el portal. Ya no se cuelan los yonquis”. “Sí, sólo tardaron dos años en poner una puerta en el portal”.
Aquí viven unas 20 familias con escasos recursos. Hace dos años estaban en pie de guerra, acusaban a la Sareb de tratar de desahuciarlos, aseguraban que eran las últimas víctimas de la especulación. El gobierno de Ada Colau dijo que era un caso de acoso. Estamos a dos pasos de la Rambla del Raval, donde lo marginal se confunde con lo alternativo. Entonces el Ayuntamiento compró la finca para destinarla vivienda pública. Son historias habituales en este mandato, golpes de efecto que permiten al Consistorio aumentar su parque de viviendas en zonas donde es difícil construir nuevas promociones, donde los fondos de inversión buscan edificios que reformar y revender.
También pasó en el 33 de Robador, en el 7, el 9 y el 11 de Lancaster, en el 37 de Leiva, en el 44 de Joan de Borbó, en el 317 de Aragó... Muchos vecinos se muestran satisfechos de estas operaciones. Un año y medio atrás los inquilinos de Leiva 37 denunciaban que un fondo de inversión quería comprar el edificio para expulsarles. El Ayuntamiento hizo uso del derecho de tanteo y retracto y se hizo con la finca. Poco a poco lleva a cabo las obras necesarias.
Pero muchos otros edificios no estaban en tan buenas condiciones. Los anteriores dueños los abandonaron durante lustros. Se convirtieron en refugio de gente necesitada. Los fondos no se fijaron en ellos hasta hace poco. Y ahora que son municipales las obligaciones administrativas alimentan su degradación. El Ayuntamiento publicó este verano el concurso para escoger la idea en que se base la rehabilitación de Hospital 116. Su previsión es que las obras empiecen en julio del 2020 y terminen en mayo del 2022. Entre tanto una vecina muestra los truculentos vídeos que graba cuando llueve... “El Ayuntamiento nos dice que no nos cobrará el alquiler hasta que reforme el edificio. Pero no puedo ir a otra parte. Trabajo de limpiadora cuatro horas al día”.
Javier Burón, gerente de Vivienda, dice que en este mandato el Ayuntamiento compró 21 fincas que suman 287 viviendas. La inversión ronda los 40 millones de euros. “No son compras puntuales, sino una nueva estrategia. El suelo disponible en la ciudad se acabará, pero los edificios seguirán ahí... Además, así deshacemos operaciones especulativas. El problema es que muchos edificios arrastran problemas desde hace mucho. Y encima la legislación de contratos del sector público es cada vez más dura. Nos obligan a tantas reiteraciones, garantías y filtros que todo el proceso se torna muy farragoso. La crisis desató la desconfianza hacia las administraciones locales. Tenemos una camisa de fuerza que nos resta agilidad. En el mejor de los casos, para hacer una rehabilitación, tenemos que hacer dos licitaciones. Y a estas dificultades administrativas se suma la necesaria gestión social. Antes de la rehabilitación se ha de estudiar la situación de los inquilinos, caso por caso. Si tardamos tanto tiempo en hacer la primera licitación es porque, además de la valora-
OBLIGACIONES LEGALES “Los consistorios tenemos un corsé que nos resta agilidad”, dice el gerente de Vivienda
ción técnica del edificio, también hemos de hacer la social. Leiva 37, Còrsega 394, Elkano 61 son edificios que funcionan bien. Pero un 30% de los que compramos presentan más problemas”.
Pero los vecinos no reclaman únicamente obras de rehabilitación. En la calle Lancaster denuncian que el 7, el 9 y el 11 están atestados de puntos de venta de droga, viviendas ocupadas y realquiladas, pisos pateras y estudios sin cédula de habitabilidad donde se hacinan los lateros que se pasan la noche ofreciendo por las calles cervezas y cocaína. Estas fincas se convirtieron en su almacén. Ello comporta graves problemas de convivencia, en las fincas, en el resto de la calle, en la mismísima Rambla.
El inquilino Jordi Callejo, de Acció Lancaster, cuenta que esta situación deriva de décadas de abandono. “La anterior dueña nunca hizo nada por conservar los pisos. Aquí siempre vivió gente humilde, y poco a poco todo se desmadró”. A pesar de ello, como están junto a la Rambla, los fondos les echarán el ojo a estos inmuebles. Los vecinos comenzaron a temer por su futuro. El Ayuntamiento compró las tres fincas en el verano del 2017. “Nos pusimos muy contentos. Pero desde entonces sólo arreglaron unos cables. La mayoría de inquilinos entregamos la documentación requerida. El Ayuntamiento nos gira los recibos. Pero los que realquilan habitaciones y montan literas siguen en la clandestinidad. El Ayuntamiento sabía qué compraba. Ha de actuar. No se trata sólo de hacer obras”. La previsión municipal es que las obras de rehabilitación em- piecen en junio del 2020 y terminen en noviembre del 2022.
Y las esperas agotan las paciencias. Los últimos vecinos de siempre de Robador 33 conocían el término mobbing hace 15 años. “Yo nací aquí –explica C.–, como mis hermanos. Pero el dueño se empeñó en amargarnos la vida para que nos fuéramos todos los de renta antigua y alquilar los pisos a estudiantes y turistas. Poco a poco nos convertimos en una minoría”. El gobierno de Colau mandó expropiar esta finca dos veranos atrás. Acusó al propietario de incumplir su deber de conservar el inmueble. El 33 era un peligro para sus moradores. “Pero la verdad es que antes estábamos mejor...”, lamenta C. C. prefiere guardar el anonimato porque tiene miedo de sus nuevos vecinos.
“A medida que los estudiantes y turistas se marchaban los pisos eran ocupados. El trapicheo de habitaciones es continuo. La gente viene y va. Tuvimos que poner rejas en las ventanas del patio de luces para impedir que se nos cuelen en casa. Un vecino puso unos vasos en el alfeizar, pero la policía le dijo que los quite, que es peligroso. Y el Ayuntamiento nos tiene olvidados. Quiere que nos cansemos y nos marchemos. Tengo las ventanas del salón rotas, con tablones. Mi hijo se queja del frío. Pero yo soy una kelly ,no puedo arreglarlas. Y la puerta del portal está rota. Te encuentras jeringuillas, preservativos, gente haciendo cosas... Y niños marroquíes en la azotea. Como ya no les dejan dormir en las comisarías a veces duermen aquí. Los guardias urbanos nos dicen que les llamemos si pasa algo, pero que a los niños no les digamos nada. Yo no le digo nada a nadie. Siempre miro al suelo”.