De la banca a las pensiones
La sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas, independientemente de su impacto concreto, cerrará casi con seguridad el paso a la posibilidad de que se aplique una tasa específica a la banca, como se planteaba el Gobierno de Pedro Sánchez y compartía Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Y que también había ensayado Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda, con el PSOE en la oposición, justo hasta el pasado mes de mayo. La imposibilidad de aplicarla ahora se debería a que el fallo del Supremo puede suponer ya un coste importante para el sector bancario si, finalmente, incorpora algún principio de retroactividad, comenzando por los cuatro años.
Una factura importante para los bancos españoles en este último caso, 2.300 millones, a razón de unos 600 por año no prescrito, según los cálculos de Moody’s. Aunque distaría mucho de ser un golpe demoledor para las entidades, daría argumentos a quienes defienden que la banca ya paga demasiado. O, al menos, para defender que a las entidades la factura les ha llegado antes por la vía judicial, pagando a sus clientes el impuesto por ahora anulado, que por la del fisco. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, debería buscar otra fuente para elevar los ingresos públicos y continuar con el denodado esfuerzo de cubrir el desfase entre el incremento de gastos pactado con Podemos y los ingresos previstos.
Las secuelas de la burbuja inmobiliaria siguen provocándole problemas serios a la banca. Las hipotecas, la palanca que los banqueros aprovecharon, e incentivaron, para financiar su peculiar salto a las finanzas mundiales durante tres lustros vertiginosos, se han transformado en un calvario que no deja de generarles facturas cuantiosas.
Precisamente, esta misma semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vinculado estos mismos asuntos en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, que preside Montoro. El responsable del banco central español cuestionó en su intervención el mencionado acuerdo Gobierno-Podemos para actualizar las pensiones según la evolución de la inflación. Se trata del asunto clave para la supervivencia de cualquier gobierno en España. Sin una solución a la vez satisfactoria para los pensionistas, y al tiempo sostenible a los ojos de la opinión pública, no habrá ejecutivo capaz de superar una contienda electoral.
Según Hernández de Cos, el coste de las subidas de pensiones al ritmo previsto implicará un incremento progresivo del gasto hasta alcanzar 3 puntos del producto interior bruto (PIB, lo que la economía produce en un año) en el 2050. Esa presión financiera se concreta cada año en el incremento del déficit de la Seguridad Social, que este año podría llegar a los 19.500 millones, en torno al 1,7% del PIB. La financiación de las pensiones es la pieza clave de la política económica del Estado. Resolverla condiciona en buena medida el resto de las partidas presupuestarias.
Y al gobernador no se le oculta que en esta disyuntiva, una opción clara para cualquier gobierno es elevar la presión fiscal, especialmente sobre los bancos, que aunque aquejados aún por la resaca de la burbuja, vuelven a aflorar beneficios mil millonarios.
Y en su condición de supervisor de las entidades financieras, como integrante del Banco Central Europeo (BCE), Pablo Hernández de Cos aprovechó su comparecencia para advertir contra la posibilidad de que, a su juicio, se discrimine fiscalmente a la banca. También contra la introducción de efectos retroactivos en las sentencias judiciales.
El Banco de España se sitúa pues en la línea tanto de las posiciones de los bancos como de los sectores más ortodoxos del análisis económico, en el ámbito interno y en el internacional, que le piden al Gobierno que opte por más ajustes de gastos antes que por incrementos de ingresos. Es la tendencia dominante.
Aunque en los actuales tiempos de reacción social y política tras los años de crisis y austeridad es una receta muy difícil de aplicar por gobiernos que están perdiendo la autoridad sobre una ciudadanía revuelta.
La sentencia del Supremo complica crear una nueva tasa a la banca; los jueces se avanzan a la política