Sánchez mantiene su “propuesta constructiva de diálogo”
“Este Gobierno no da la espalda a la crisis heredada”, recalcan fuentes de la Moncloa
Pese a la irritación independentista tras las calificaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el Gabinete de Sánchez defiende y reitera su plan para avanzar hacia la solución deseada por “la mayoría de la ciudadanía”.
“Diálogo, dentro de la ley, de la Constitución y del Estatut, y respeto total a las decisiones judiciales”. Esta, afirman en la Moncloa, “sigue siendo la fórmula para avanzar hacia una solución deseada por la gran mayoría de la ciudadanía”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene por tanto su estrategia para intentar “desinflamar” la crisis en Catalunya, pese a la notable irritación que provocaron en los partidos independentistas los escritos de calificaciones penales que presentaron tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado en el proceso abierto contra los líderes separatistas encarcelados por los acontecimientos que se registraron entre septiembre y octubre del año pasado. Una irritación que, con la sangre hirviendo, llevó tanto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como a los dirigentes de ERC y el PDCat, a asegurar que no respaldarán los presupuestos generales del Estado del año que viene. Unas cuentas públicas que, de resultar aprobadas –para lo que es imprescindible la concurrencia de los partidos independentistas–, impulsarían a Sánchez hasta agotar la legislatura en España en el año 2020.
La postura de ERC y el PDECat, ahora, amenaza con dinamitar los planes del presidente del Gobierno. Pero en el núcleo duro de Sánchez, además de recetar esperar a ver cómo digieren estos partidos tanto las acusaciones penales contra los líderes independentistas así como el inicio y el desarrollo del propio juicio, esgrimen sus argumentos para intentar aplacar esta irritación y reconducir la situación.
“Hay que recordar que este Gobierno heredó una enorme crisis política e institucional, ante la cual no está dando la espalda”, advierten en la Moncloa, para resaltar la actitud que está manteniendo Sánchez en comparación con los siete años de mandato de Mariano Rajoy. “En lo judicial –añaden–, con un respeto escrupuloso de la independencia de los órganos jurisdiccionales. Y en lo político, con una propuesta constructiva de diálogo, basado en la Constitución, que ha permitido hasta ahora avanzar en muchas cuestiones importantes para todos los catalanes y no sólo para una parte de ellos”.
Esgrimen, en este sentido, los acuerdos del Consejo de Ministros del pasado viernes –que quedaron eclipsados por los escritos de acusación de la Fiscalía y de los servicios jurídicos del Estado– para la retirar dos recursos que el anterior Ejecutivo del PP presentó ante el Tribunal Constitucional contra sendas leyes catalanas, una de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y otra de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. “Los desistimientos –resaltó la Moncloa–, son fruto de un acuerdo interpretativo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat y cerrado después de varias semanas de trabajo de los equipos jurídicos” del Ejecutivo central y el Govern.
Con la retirada de estas impugnaciones, se podrá mantener en Catalunya el alquiler social por parte de los bancos a la persona que cumpliendo determinados requisitos va a ser desahuciada de su casa, la expropiación de uso temporal de viviendas vacías propiedad de bancos o grandes corporaciones y la cesión obligatoria del uso de las mismas, además de la obligación de realojo en determinados supuestos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial.
Este es el tipo de acuerdo entre el
El Gobierno defiende que no está dando la espalda a la crisis política e institucional que heredó
Gobierno y la Generalitat que destacan en la Moncloa que se puede alcanzar entre las dos administraciones en beneficio de toda la sociedad catalana, que aseguran que ha sido tan castigada por la crisis económica como la del resto de España. Y advierten que hay un amplio catálogo de iniciativas semejantes por desbloquear.
Además, en el Gobierno recuerdan los beneficios que para todos los catalanes tendría la aprobación de los próximos presupuestos del Estado, cifrados en 2.200 millones de euros extra para las cuentas de la Generalitat, más otros 1.000 millones en conjunto para Catalunya. Y esgrimen un último argumento, de carácter político: “Los partidos independentistas son los menos interesados en que haya elecciones anticipadas en España”.