Las Cortes encaran la renovación de un Poder Judicial menos presidencialista
El Congreso cierra esta semana los candidatos, que exigirán un pacto PSOE y PP
La reforma eliminará el presidencialismo actual para volver a la estructura colegiada
Socialistas y populares alcanzan los 210 votos para aprobar los nuevos miembros del Consejo
El Parlamento afronta esta semana el cierre de una lista pactada entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo actual mandato expira el 4 de diciembre. La operación, para la que es imprescindible un acuerdo entre las dos primeras fuerzas del Parlamento, no requiere de ninguna más, de ahí que PSOE y PP pactaran la semana pasada darse siete días más para el acuerdo. Nada que ver con la anunciada ruptura de relaciones entre Sánchez y Casado.
La renovación de cargos del CGPJ exige tres quintas partes de la cámara, es decir, 210 diputados. Nadie más puede sumarlos que los dos bastiones del viejo bipartidismo, de ahí que la posición negociadora del resto de formaciones consista en poco más que convencer a PSOE y PP de que sería aconsejable aumentar el apoyo parlamentario de la lista pactada como mero gesto de cortesía política y un ejercicio de realidad política: aunque los números lo permitan, quizá no sea la mejor idea que el nuevo órgano rector de los jueces sea reflejo exclusivo de la periclitada etapa bipartita.
De momento, lo que es seguro es que el nuevo Consejo General del Poder Judicial será un órgano menos presidencialista. El Congreso aprobó la pasada semana tramitar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita el presidencialismo del CGPJ, cuyos vocales tendrán todos dedicación exclusiva (y no solo los miembros de la comisión permanente), y aumenta la transparencia en el nombramientos de altos cargos judiciales. Solo Ciudadanos votó en contra de la iniciativa –la rechazan porque no modifica el sistema de elección de los miembros del poder judicial, que los de Albert Rivera quieren que se realice al margen de las Cortes, mediante un sistema de promoción interna que “despolitice” la judicatura–, que revertirá la impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en el 2013 y que convirtió a Carlos Lesmes en lo que muchos juristas consideran “el rey Sol” de la justicia en España, apoyado en esa comisión permanente, que a partir de la aprobación de esta reforma será de carácter rotatorio.
Esta renovación del Consejo y la simultánea reversión de la reforma Gallardón llega en un momento en que las chimeneas de la justicia española echan un humo espeso, casi pastoso, que tizna la actualidad política y dificulta la respiración fluida del Estado. De hecho, esa comisión permanente plenipotenciaria decidió el pasado viernes reforzar el juzgado número 13 de Barcelona, que investiga los presuntos delitos de malversación y revelación de secretos por los preparativos del 1-O, un juzgado cuyo titular, Juan Antonio Ramírez Sunyer, considerado el azote del independentismo y al que el CGPJ había concedido una prórroga para retrasar su jubilación, fallecía la madrugada de ayer.
A la vez, hoy mismo se reúne la Sala de lo Contencioso del Supremo para analizar una sentencia firme que hace recaer en las entidades financieras el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, una reunión cuya sola convocatoria, por inaudita y ajena al procedimiento, ha hecho mesarse los cabellos con ambas manos a juristas de todo el país y a buena parte de la clase política. La experiencia previa con las cláusulas suelo, que la justicia europea declaró nulas, y la litigiosidad consecuente, vaticinan una salida accidentada a este brete.
Todo ello, 72 horas después de que la Fiscalía del Supremo diera a conocer su relato de los hechos de septiembre y octubre del 2017 en el proceso que se sigue contra el independentismo. El escrito asume las tesis del juez instructor, Pablo Llarena, que aprecia que el 1-O y el 20 de septiembre del pasado año se produjeron sendos actos de rebelión violenta contra el Estado, fruto de una conspiración política.
La Justicia es estos días una caldera y los nombramientos de miembros del CGPJ pueden ser una espita para liberar presión o más leña para recalentarla.