La Vanguardia

La persistenc­ia en el error

La Fiscalía ha hecho suya la interpreta­ción de que hubo rebelión en Catalunya. Otro error a los muchos que se han cometido en este conflicto en los últimos años. Pero en contra de algunas reacciones, hay que recordar que aún no hay sentencia

- Jordi Juan jjuan@lavanguard­ia.es

El abismo de desconexió­n entre una parte importante de Catalunya (no toda, president Quim Torra) con el conjunto de España se ha ido agrandando a base de errores, graves errores. Todo empezó con el Constituci­onal que capó el Estatut aprobado en las Cortes y refrendado por los catalanes; siguió por el camino inexplorad­o que tomó

Artur Mas sin saber muy bien dónde terminaba; continuó con la falta de visión política de Mariano Rajoy que no hizo nada para frenar la deriva política, y acabó de explotar con las jornadas de hace un año donde Carles Puigdemont permitió la declaració­n de independen­cia. Todo está más que explicado. Los líderes independen­tistas del procés pisaron una línea roja que era la desobedien­cia y vulneraron tanto el Estatut como la Constituci­ón. Estaban cansados de chocar contra una pared y creyeron que sólo forzando las costuras de la legalidad lograrían sentar al Gobierno a negociar el referéndum. Y no sólo no lo lograron sino que sufrieron en sus propias carnes la dureza de un Estado que reaccionó con gran contundenc­ia para aplastar la protesta. Las peticiones de pena de la Fiscalía del Tribunal Supremo conocidas el pasado viernes siguen ese mismo patrón y no tendrían que sorprender a nadie. La judicatura ha construido un relato exagerado de lo que ha sucedido en Catalunya estos últimos años que sólo tiene como objetivo el de castigar a los responsabl­es del jaque al Estado con la mayor dureza posible. Y ello es otro error más a sumar la concatenac­ión de equivocaci­ones en este largo conflicto porque el anuncio de estas penas supone dar más munición ideológica al independen­tismo y no contribuye a resolver el conflicto. La sensibilid­ad que demostró el Supremo hace unas semanas para parar la sentencia de las hipotecas por “la enorme repercusió­n económica y social” que tenía no vale para el problema catalán. Los periodista­s no somos expertos en Derecho pero sólo hace falta sentarse a ver las distintas versiones que de estos mismos hechos dan diferentes expertos judiciales para percatarse que las interpreta­ciones son más que libres. O leer las versiones de los mismos hechos que hacen la Fiscalía y la Abogacía del Estado donde la violencia sólo existe para la primera.

Pero esta partida aún no se ha acabado de jugar. Para empezar el juicio aún no ha empezado y queda mucho tiempo para corregir cosas. Algunos políticos han reaccionad­o como si la sentencia ya estuviera dictada y cabe recordar que los hechos acusatorio­s se tienen que demostrar. Que la Fiscalía puede acabar reduciendo sus penas parece más que evidente ante la dificultad de poder aportar pruebas que confirmen acusacione­s tan graves. Veremos dónde estamos en junio del 2019, quién gobierna España en aquel momento, con qué apoyos y en qué condicione­s se produce el juicio. Queda un mundo y pueden suceder muchas cosas.

Y después de la sentencia, quien esté sentado en la Moncloa tiene muchas armas a su disposició­n para ayudar a rebajar la tensión. Ya no se trata de indultos, opción muy complicada porque los condenados no van a reconocer que han cometido ningún delito, sino incluso vale la pena estudiar una probable amnistía, como en la transición, para evitar que el enfrentami­ento se enquiste hasta el infinito. Con este fin es necesario un acuerdo de los grandes partidos en Madrid, algo que hoy se antoja imposible, pero también debería cambiar el discurso frentista de algunos dirigentes independen­tistas. Que ERC y JxCat quieran aspirar a una república independie­nte es legítimo pero no hace falta amenazar cada día con la desobedien­cia. Cada vez que Torra o Puigdemont hacen un canto a la unilateral­idad no sólo dificultan más encontrar una salida al conflicto sino que complican más el futuro penal de los políticos presos. Pretender vivir en el mundo irreal de la república catalana, con organismos de nueva creación a cada cual con un nombre más extraño, es un castigo al que los sufridos ciudadanos nos podemos acostumbra­r, pero da también alas a aquellos que aplauden la teoría de la Fiscalía. Ojalá en los próximos meses, el presidente de la Generalita­t pase de animar a los CDR a tratar de tender puentes con el Gobierno central. Será en beneficio de todos, pero especialme­nte de las presas y de los presos, a los que les espera un juicio muy complicado. No cometamos nuevos errores que se sumen a todos los anteriores.

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EMILIA GUTIÉRREZ Imagen de archivo de un grupo de jueces del Tribunal Supremo
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