Las defensas tendrán una última baza para despojar al Supremo del caso 1-O
La nueva fase del caso 1-O en el Tribunal Supremo (TS), una vez conocidas las conclusiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, va a avanzar a partir de ahora con relativa rapidez. La Sala de Enjuiciamiento emplazará en breve plazo a las defensas para que presenten también sus conclusiones provisionales. Ello les dará ocasión a plantear primero diversas objeciones reguladas en la ley como artículos de previo pronunciamiento. Entre ellos, el conocido como declinatoria de jurisdicción.
Es la última baza que les cabe jugar a las defensas para tratar de despojar al Supremo del caso 1-O. Los defensores han venido cuestionando la competencia del TS en este asunto en todos sus recursos y escritos prácticamente desde el inicio de la causa. La tesis sostenida por esta parte ha sido ha sido siempre que el caso 1-O debería haber quedado en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A su juicio, el Supremo se habría hecho cargo de este procedimiento judicial por una interpretación expansiva, errónea y sesgada de sus propias competencias.
El replanteamiento de esta cuestión obligará a la Sala Penal a llevar a cabo una vista previa a la celebración del juicio oral propiamente dicho. En ese momento, las defensas podrán exponer sus objeciones a la continuación de la causa en el Supremo. Y añadir otras alegaciones sobre la existencia o no de una auténtica tutela judicial efectiva y sobre la posible vulneración de otros derechos constitucionales, como el relativo a que entienda del caso el juez predeterminado por la ley.
Vistos los antecedentes de la causa, es ciertamente poco probable que este intento de redirigir el proceso tenga muchas posibilidades de éxito. El propio Supremo defendió su competencia en este asunto en el reciente auto por el que rechazó las recusaciones presentadas contra cinco de los magistrados de la Sala de Enjuiciamiento. En su resolución, los jueces basaron su decisión en las previsiones del propio Estatut, cuyo artículo 57.2 dispone que “fuera del territorio de Catalunya la responsabilidad penal es exigible (...) ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Los magistrados dieron pleno valor a esa expresión “fuera del territorio de Catalunya...” al entender que los supuestos hechos delictivos del caso 1-O habían tenido evidentes efectos para toda España.
En cualquier caso, las alegaciones sobre la cuestión de la competencia pueden ser de la mayor importancia ante los probables recursos que se presenten después en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En otras palabras, un fracaso en el Supremo puede no ser definitivo.