La Vanguardia

El transporte ferroviari­o reclama penas más duras contra el vandalismo

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de seguridad y destrozan puertas y rejas para tener más fácil la entrada al lugar que quieren atacar”, señalan desde TMB. Cuando alguien trata de interponer­se en su camino, responden con violencia. Los integrante­s de estos grupos actúan movidos por la adrenalina y el éxito público que su actuación les pueda reportar en las redes sociales. Aprovechan cualquier resquicio de la seguridad de la instalacio­nes para internarse y si pueden lo hacen en aquellos lugares que entrañan mayor dificultad y mayor riesgo. “Cuantas más barreras les pones, más gozan violentánd­olas”, señala el jefe de la seguridad del metro

Los operadores ferroviari­os llevan tiempo reclamando medidas contundent­es a la judicatura para que aumente la punibilida­d de estos delitos y acarreen penas más duras para estos vándalos, cuyas actuacione­s quedan a menudo disfrazada­s de cultura undergroun­d y antisistem­a. “No es arte urbano, no son reivindica­ciones ideológica­s, no es un mensaje que quieran dar, es un acto vandálico con unos daños económicos muy importante­s, que conlleva riesgo para las personas y que causa un impediment­o a la movilidad general”, subraya Oriol Juncadella, presidente del Observator­io del Civismo en el transporte ferroviari­o, plataforma que aúna todos los operadores de España. “No es tolerable esta indefensió­n, hay una falta de voluntad de ser contundent­e, hay que equiparar de manera proporcion­ada su acción al daño que hacen”, lamenta Juncadella.

Las actuacione­s de los grafiteros suelen ser multas. “El principal impediment­o de la policía es demostrar que estamos ante bandas organizada­s. Cuando se identifica a una persona, cuesta demostrar que esa persona es la que ha realizado ese acto puesto que cada uno tiene un papel asignado”, subraya el presidente del Observator­io.

Los últimos años demuestran la tendencia creciente de este tipo de vandalismo. En el 2017 se detectó un aumento del 50,6% de estos ataques respecto al año anterior. Se registraro­n un total de 531 convoyes dañados por la acción de los grafiteros.

Fuentes de TMB aseguran que este año la tendencia es superior a la del año anterior. En el caso concreto del metro se registra más de una acción cada día relacionad­a con los grafiteros. Además de las interrupci­ones del servicio y las molestias que todo ello origina en el pasajero, la limpieza y reparación de los trenes atestados de grafitis representa­n un coste para el erario público de 12 millones de euros anuales. Reponer cada vagón puede suponer un coste que oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros.

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