Una Europa dividida decide si tasar a las tecnológicas estadounidenses
España defiende el impuesto incluso a costa de aplicarlo por vía unilateral
De poco les han servido a las grandes tecnológicas estadounidenses destinar cada año ingentes presupuestos (que superan en algunos casos los cuatro millones de euros) para hacer lobby en Bruselas. Porque mañana los ministros de Finanzas de la UE se reunirán por primera vez para abordar la espinosa cuestión de la tasa sobre los servicios numéricos. Las compañías objeto potencial de esta medida son Google, Amazon, Facebook y Apple (a las que habría que añadir otros gigantes como YouTube o Airbnb).
Para el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, se trata de una “prioridad absoluta”. El pasado mes de marzo la Comisión propuso aplicar una tasa del 3% sobre la facturación obtenida por los servicios digitales de las compañías cuyo volumen de negocio supera los 750 millones de euros anuales a escala global (o 50 millones en la Unión Europea). Siguiendo estos criterios, hay cerca de 200 grupos que se verían obligados a pagar. Fuentes comunitarias han calculado que la recaudación podría alcanzar los 5.000 millones de euros.
La idea es que los países de la UE encuentren mañana un consenso para que el tributo entre en vigor en el 2019. Sin embargo, hay diferencias y para medidas fiscales comunitarias es necesaria la unanimidad.
Entre los países más reacios a la tasa sobre los gigantes digitales hay Irlanda y Luxemburgo, que son sede de muchas de estas multinacionales gracias a su generosa política fiscal y no quieren echar a perder su modelo de desarrollo. Tampoco Finlandia y Suecia, muy sensibles a la innovación tecnológica, parecen estar por la labor de tocar un sector económico tan puntero.
Por su parte, Alemania está a favor de una mediación. Olaf Scholz, el ministro de Finanzas germano, cree que el modelo propuesto no sería eficaz y prefiere la aplicación de un impuesto mínimo a escala mundial, “al que ningún país podría sustraerse”. Los más beligerantes son Francia y España, que están dispuestos a introducir el gravamen incluso por la vía unilateral si fuera necesario. El Reino Unido, que ya tiene un pie fuera de la UE, acaba de anunciar una tasa del 2% sobre la facturación obtenida en suelo británico a partir del 2020.
Las tecnológicas están inquietas. La semana pasada, en una carta dirigida a las instituciones europeas, unas 16 compañías, entre las cuales Spotify, Booking y eDreams, instaron a los miembros a no adoptar esta medida, porque creen que “causaría un prejuicio material al crecimiento económico, a la innovación, a las inversiones y al empleo en el conjunto de Europa”. En resumen, afirman que necesitan sus ganancias para seguir siendo competitivas en el mercado global. De otra manera, sostienen, se corre el riesgo de que este sobrecoste acabe repercutiéndose en el usuario final.
No obstante, para José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), “este importe es perfectamente asumible para este tipo de compañías”. El problema es que, a nivel técnico, es un impuesto difícil de aplicar. Mollinedo subraya que es complicado rastrear el negocio de la venta de datos de millones de consumidores, una transacción que, a diferencia del contrato publicitario convencional, se escapa a la imposición fiscal.
La llamada tasa Google está concebida como un parche, porque la intención es que despliegue sus efectos durante un tiempo provisional, a la espera de que se logre un consenso más amplio en el seno de la OCDE, tal como se hizo en la adopción de un régimen harmonizado para luchar contra los paraísos fiscales con el objetivo de evitar la erosión de la base imponible.
Pero la razón de ser del impuesto es acabar con una de las mayores distorsiones tributarias de Europa, ya que se calcula que estas empresas pagan entre 8 y 14 puntos menos en carga fiscal si se compara con otras multinacionales. De aquí la idea de tasar las ventas y no las ganancias, porque éstas se ocultan gracias a ingeniería y elusión fiscal. El lobby de las tecnológicas teme que la tasa del 3% sea solo el primer paso de un impuesto más amplio.
A escala política, también el discurso es delicado, porque, en la práctica, se trata de una carga fiscal que Europa aplica a las mayores empresas estadounidenses y, en tiempo de guerras comerciales, una decisión de esta envergadura podría desencadenar represalias por parte de EE.UU. El secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, cree que “un impuesto debe basarse en las ganancias y no en las ventas y no debe dirigirse a una industria específica”.
DIFICULTADES TÉCNICAS
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CARTA A LA COMISIÓN
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