Grafiteros en el metro
LAS actuaciones de bandas de grafiteros en los metros de Barcelona y de Madrid se han convertido en un riesgo para ese transporte público y también en un problema de orden público, ya que sus comportamientos son cada vez más violentos. En el asalto que efectuaron en la madrugada del domingo en la estación de Maragall de Barcelona un grupo de unas treinta personas encapuchadas para realizar pintadas en los vagones del metro resultaron agredidos varios pasajeros –entre ellos una mujer embarazada– que les recriminaron su acción.
Tanto el metro de Barcelona como el de Madrid suelen sufrir casi a diario la actuación de grupos de grafiteros que, según las compañías de transporte, han evolucionado hacia comportamientos propios de la delincuencia organizada, con distribución de funciones y liderazgo, que funcionan de manera fluida y eficaz.
La actuación de los grafiteros en los medios de transporte va más allá de ser una expresión artística y se ha convertidoenunpeligro.ParaTransportsMetropolitans deBarcelona(TMB)estetipodevandalismoesyaelprincipal problema en el ámbito de la seguridad para los operadores ferroviarios de todo el Estado. Todo ello además del coste que supone. Las pintadas en el transporte público cuestan a operadores y gestores más de veinte millones de euros anuales. Sólo en lo que va de año se han producido más de 7.300 pintadas en el conjunto del Estado.
Cuesta entender las razones que impulsan a estos grupos de personas a actuar cómo lo hacen, pero lo cierto es que su actividad es creciente. Lo que es evidente es que, de entrada, hay que reforzar la seguridad para poner fin a sus acciones, que cada vez son más peligrosas. En este sentido son necesarios más vigilantes de seguridad y una mayor presencia policial. Pero eso no basta si no se cambian las leyes.
Mientras parar un convoy de metro –con los riesgos que conlleva– y rociarlo con pintura goce de práctica impunidad judicial no parece que se pueda poner fin a la actividad de los grafiteros. Por ello hacen bien las compañías de transporte en solicitar que sus actuaciones sean consideradas como delitos de daños, y castigadas en consecuencia, por los costes que ocasionan. No sólo hay que tener en cuenta el material que destruyen con sus pintadas sino también los daños que producen en la calidad y seguridad del servicio de transporte, ya que sufre parones y retrasos que perjudican a los pasajeros. El necesario aumento de la seguridad en el metro, en consecuencia, debería ir acompañado de sanciones penales y económicas que fueran proporcionadas y que tuvieran un efecto disuasorio.