Política y justicia
Los problemas políticos deben resolverse políticamente. Esta afirmación descansa en un amplio consenso de analistas, politólogos y comentaristas de todo color. Judicializar los problemas políticos no es una buena solución; normalmente este tipo de intervención acostumbra a complicar la salida del problema. El mundo judicial se mueve por lógicas y procesos que no son los de la política; los tiempos, los trámites, las actuaciones, se mueven por unas vías que no coinciden –ni lo deberían hacer– con las coordenadas de una acción política.
Judicializar la vida política es un error. Pero no es un error imputable a la justicia sino a la política. Esta, a menudo, encuentra en la judicialización de ciertos problemas políticos la excusa o el subterfugio para centrifugar en otras instancias su responsabilidad. ¡Que resuelva la justicia aquello que la política no ha sido capaz de hacer! Y así se trasladan a la acción judicial decisiones que no encajan con los principios de su actuación procesal. La política se judicializa, dando relevancia a las decisiones judiciales.
Práctica viciosa y muy peligrosa de cara a un eficaz equilibrio de los poderes del Estado. Ciertamente, se podrá decir que, a veces, la judicialización de determinados aspectos de hechos políticos es inevitable. Pero esto no excluye la responsabilidad de la política para seguir trabajando políticamente por la solución del problema. No tiene justificación de clase alguna que la política se desentienda del problema; a esta le corresponde tratarlo, conducirlo, proponer soluciones. Política y justicia pueden, a veces, complementarse; nunca sustituirse.
La política quiere trasladar a la justicia decisiones que no le corresponden. Y si los problemas no dejan de ser políticos, la sociedad –la gente– se posiciona libremente. Todo el mundo tiene derecho a opinar en libertad sobre lo que pasa en la vida política; estar a favor o en contra, criticarlo o defenderlo, valorarlo positivamente o negativamente. Y cuando la política se judicializa, la percepción de la gente sobre las decisiones judiciales se decanta casi de forma natural a un ejercicio crítico sobre la acción judicial. Si la política se judicializa, es inevitable que las resoluciones judiciales sean valoradas políticamente. “No es justo”, “es desproporcionado”, “parece mentira”. La justicia recibe así la función crítica que la política pretende rehuir. Esto no es bueno para la justicia; pero erosiona aún más el valor de la política. Y cuando la justicia presenta posiciones contradictorias, el debate se hace más vivo y agrio.
Si los problemas son políticos, nunca hay que abandonar la política como herramienta de solución. Para hablar, para escuchar, intentar comprender, acercarse a los intereses del otro, reclamar respeto, respetando las posiciones diferentes. En una palabra: negociando. Tenemos suficientes ejemplos, tanto en la historia como en geografías diferentes, como para conocer el camino de la política al servicio de la resolución de los problemas. Todo tiene precedentes. Pero lo que no lleva a ningún lado es intentar escabullirse de las propias responsabilidades. Ni la justicia ha de asumir el papel que no le toca, ni le corresponde aceptar como protagonista lo que la política no se ve capaz o no quiere resolver.
Política y justicia tienen papeles institucionales diferentes. Quererlos confundir no acaba bien. Al final, se acaban acusando unos a otros; si la política no acepta su responsabilidad, no corresponde a la justicia aceptar su sustitución. Cada uno tiene su papel. Y son diferentes.
La judicialización de hechos políticos
es inevitable; esto no excluye la responsabilidad de la política para seguir trabajando políticamente por la solución