Impuesto diferido
La oposición de tres países y las reticencias de Alemania frenan la iniciativa
Los ministros de Economía de la Unión Europea deciden retrasar la entrada en vigor de la tasa digital europea como mínimo hasta 2021.
La tasa digital europea se retrasa como mínimo hasta el 2021, y ello siempre que consiga salvar los considerables obstáculos que aún tiene enfrente. Ayer, en la reunión de ministros de Economía, la polémica tasa estuvo a punto de naufragar. En el primer debate abierto que mantenían los ministros, salieron a relucir tres negativas rotundas, las de Irlanda, Dinamarca y Suecia, y unas reticencias de Alemania que han hecho perder fuelle a la iniciativa. Al final, se traslada la decisión al próximo 4 de diciembre, con Francia abierta a concesiones para evitar que su proyecto estrella no acabe engullido por la regla de la unanimidad que rige en temas fiscales.
En los días previos a la reunión, los opositores a la tasa desplegaron su presión vía epistolar. La primera carta, con fecha 13 de octubre, llegó desde el comité de finanzas del Senado norteamericano, alertando de “las significativas y crecientes preocupaciones” en la comunidad de negocios de Estados Unidos sobre una tasa que consideran que está “diseñada para discriminar a las compañías norteamericanas” y que “crearía una significativa nueva barrera comercial transatlántica”. Toque de aviso desde Estados Unidos, que es el gran temor que tienen los países europeos que se oponen a introducir este tributo. Se cargará a Google, Facebook, a las grandes tecnológicas, y todas son norteamericanas. Después, otra carta más reciente, del 31 de octubre, fue enviada por los responsables de dieciséis grandes tecnológicas, como Booking, Spotify, eDreams, para advertir del impacto negativo que tendría imponer un impuesto del 3% sobre la facturación de las empresas digitales.
Al empezar el Ecofin, el terreno estaba minado por estas cartas, y por el cambio de posición alemán, que ha pasado de ser, en el 2017, promotor de esta iniciativa, a ir perdiendo entusiasmo a medida tanto por presiones internas como por las veladas amenazas de represalias de Washington. Aunque el ministro francés, Bruno Le Maire, llegó a Bruselas marcando como “línea roja” un acuerdo para establecer la tasa en diciembre, pero pronto tuvo que flexibilizar posiciones para evitar el naufragio. La principal, acordado con su colega alemán, Olaf Scholz, es la de que se aplique sólo a partir de finales del 2020, y siempre que no se alcance antes una solución global en el seno de la OCDE. En lo de recurrir a la decisión de la OCDE se mezclan buenas intenciones con coartadas disimuladas. Por un lado, es unánime la consideración de que instaurar la tasa sólo en la UE es una solución menos eficaz, que un gravamen a nivel global; pero todos son también conscientes de que un acuerdo a nivel OCDE puede llevar mucho tiempo. Francia presiona para una solución más rápida. Tiene todo el apoyo de la Comisión Europea, para evitar que, ante la falta de decisión europea, se instauren, como ya está ocurriendo, una sucesión de tasas nacionales en un mercado que tendría que ser único. Es el caso de España que tiene su propio gravamen digital tramitándose. La ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo que mientras no haya un acuerdo global “una mayoría de países quiere avanzar en una solución transitoria”. La propuesta de Bruselas plantea un impuesto del 3% sobre los ingresos por la venta online de espacios publicitarios, las actividades de intermediación que permitan la interacción entre usuarios para la venta de bienes y servicios, y la venta de datos aportados por los usuarios.
Francia marca como línea roja un acuerdo en diciembre, aunque se retrase la aplicación del gravamen