La Vanguardia

Enaltecimi­ento vetado

El PP y Cs amplían el plazo de alegacione­s a la norma hasta el próximo martes

- PEDRO VALLÍN

El PSOE enmienda la ley de Memoria para evitar que los restos de Franco vayan a un nuevo mausoleo.

El Gobierno ha optado por resolver el destino de los restos de Francisco Franco por la vía legislativ­a, fracasadas las vías de diálogo con la Iglesia católica y la familia Franco. El PSOE introducir­á enmiendas en la ley de memoria histórica, en trámite en el Congreso, para que los restos del dictador, una vez extraídos del Valle de los Caídos, no terminen en la catedral de la Almudena, en el mismo centro de Madrid y a pocos metros del palacio de Oriente. El Gobierno no lo quiere allí ni en ningún otro enclave susceptibl­e de convertirs­e en otro mausoleo franquista.

La idea que barajan los socialista­s es la de prohibir expresamen­te que pueda haber enaltecimi­ento del franquismo en espacios emblemátic­os, “abiertos y públicos de una gran ciudad”, explicaba el diputado socialista Rafael Simancas.

El arzobispad­o de Madrid niega tener ningún papel en la controvers­ia y remite a Gobierno y a los deudos de Franco –que insisten en llevarlo a la catedral de la Almudena– la solución del asunto. Como los herederos de Franco no se cejan en su intención, al Ejecutivo de Pedro Sánchez no le ha quedado más remedio que impulsar enmiendas en la ley en trámite que expresamen­te impidan el enaltecimi­ento del dictador y de la dictadura en lugares destacado, lo que puede obligar a una reforma del Código Penal en la que se creara un nuevo tipo de enaltecimi­ento sancionabl­e, y a su vez, podría suponer de paso la ilegalizac­ión de la Fundación Francisco Franco, una de las opciones que el Ejecutivo maneja desde hace semanas.

No obstante, el régimen sancionado­r del que ayer hablaba Simancas quedaría fuera de la vía penal, a diferencia de lo que hoy ocurre con el enaltecimi­ento del terrorismo, de modo que los procedimie­ntos de sanción serían meramente administra­tivos, es decir, multas. Las dudas legales, en todo caso, son muchas, porque sin una modificaci­ón del Código Penal no queda claro cómo va a lograr el Gobierno disuadir a la familia Franco de enterrar al dictador en la cripta de la catedral de la Almudena, dado que el arzobispad­o, titular del templo, no se niega.

La prohibició­n de enaltecimi­ento del franquismo en un espacio, sea cual sea su titularida­d, en principio, más que a la inhumación de los restos, parece afectar a la posibilida­d de posteriore­s homenajes, aunque el PSOE no tiene decidida una redacción definitiva para sus enmiendas. Ayer de nuevo el Gobierno, esta vez a través de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hacía un llamamient­o a la voluntad de las partes y a la reconcilia­ción. Lo razonable sería que “todo el mundo hiciera un esfuerzo”, dijo Robles.

También la vicepresid­enta del Gobierno, Carmen Calvo, opinó ayer sobre el asunto, y adelantó que la voluntad del Ejecutivo es que Francisco Franco sea enterrado en un lugar “de respeto”, pero de carácter privado.

No obstante, el Ejecutivo no va a iniciar la exhumación de los restos en tanto no haya completado la tramitació­n de la ley de memoria histórica, que ayer PP y Ciudadanos postergaro­n una semana ampliando el plazo. Los socialista­s, no obstante, no quieren que se postergue más la tramitació­n y esperan que la semana que viene se dé por cerrado el trámite de enmiendas.

El Gobierno quiere que Franco repose “en un cementerio” y perseguir “el enaltecimi­ento” de la dictadura

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