Buch asegura que no dio instrucciones sobre el 1-O
El conseller de Interior declara como imputado en el TSJC
Fue una escenificación y no una orden. Ese fue el argumento que defendieron ayer los exdirigentes de las entidades municipalistas, el conseller de Interior Miquel Buch y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras en la comparecencia que prestaron como investigados ante el TSJC que los investiga por desobediencia. La Fiscalía presentó una querella contra Buch y Lloveras cuando estaban al frente de la ACM (Associació de Municipis de Catalunya) y la AMI (Associació de Municipis per la Independència) por haber enviado unos correos con unos formularios en los que se instaba a los alcaldes a mostrar su apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Ambos fueron arropados hasta las puertas del palacio de Justicia por una comitiva encabezada por el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente Pere Aragonés y que fue secundada por el resto de consellers, a excepción de la titular de Justicia, Ester Capella. El séquito también lo integraron representantes de JxCat, PDECat, ERC, la ANC y los actuales mandatarios de las entidades municipalistas.
En los e-mails que son objeto de discusión en la instrucción judicial, la Fiscalía aseguró que pretendían facilitar la logística del referéndum a pesar de que ya había sido suspendido por el TC. Uno de los correos contenía un modelo de decreto que se debía cumplimentar para mostrar su respaldo al 1-O. El conseller alegó que aquello era una propuesta de decreto, y no una instrucción y que su cumplimentación era opcional por parte de los alcaldes de quienes siempre ha respetado “su autonomía”.
Buch también subrayó que la ACM era una entidad privada en la que había ediles de todos los partidos, incluidos del PSC y del PP, y no sólo independentistas. En la declaración, el conseller de Interior circunscribió aquella actuación en el marco de una campaña política para “escenificar” el apoyo del territorio al referéndum del 1-O. En la misma línea se expresó Neus Lloveras, expresidenta de la AMI.
En su caso, se le atribuyen el envío de tres correos: uno con el decreto, un informe de un colectivo de secretarios e interventores municipales independentistas que defendían la legalidad del referéndum, y una copia de unos carteles favorables a la votación del 1 de octubre. Lloveras subrayó que se trataba sólo de “recomendaciones” ante la “inquietud” que tenían algunos cargos municipales.
Uno de los argumentos que también esgrimieron Buch y Lloveras es que en su condición de presidentes de entidades privadas no fueron apercibidos por el Tribunal Constitucional tras la suspensión del referéndum.
Los partidos independentistas arremetieron con dureza contra la citación de los exdirigentes municipalistas. JxCat avisó que no toleraba “más represión”, el PDECat calificó la citación de “persecución política en toda regla” y ERC consideró que la comparecencia judicial era una muestra de la “fobia a la democracia” que padece el Estado.
Los exdirigentes municipalistas esgrimen que no fueron apercibidos por el Constitucional