Los consumidores buscan vías para seguir reclamando el impuesto
Indignación y estupor entre las organizaciones de usuarios por la decisión del TS
Las asociaciones de consumidores y usuarios reaccionaron ayer con indignación y estupor a la marcha atrás del Tribunal Supremo que vuelve a imponer al cliente el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca.
La asociación de consumidores Facua reconoció que la sentencia deja poco margen a los consumidores. “Los tribunales europeos han manifestado en otras ocasiones que no pueden entrar a valorar los impuestos de los estados miembros”, lamentó Rubén Sánchez. El portavoz de Facua criticó una sentencia que “le hace un grandísimo favor a los banqueros”, siguiendo la línea que adoptó el mismo tribunal en el caso de las cláusula suelo.“La decisión del Supremo nos parece una absoluta aberración” señaló Sánchez por lo que supone de “rectificar una sentencia del propio Tribunal Supremo que era absolutamente clara, que no dejaba lugar a dudas y no tenía resquicios en cuanto a la posible interpretación”.
Otra asociación de consumidores, Adicae, avanzó que mantendrá sus demandas colectivas pese a la nueva sentencia y elevará a Europa la resolución. El portavoz de Adicae, Fernando Herrero, calificó la decisión de “extraña y anómala” si bien matizó que no cierra la batalla judicial ni la posibilidad de que los hipotecados reclamen la totalidad de los gastos. “Hay que seguir discutiendo esta decisión. No se ha perdido la batalla”. La asociación consideró que “ha llegado el momento de la política” y pidió que la nueva ley hipotecaria que se está legislando en el Congreso “clarifide
que de una vez por todas los gastos hipotecarios defendiendo los derechos de los consumidores”.
Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación bancaria del despacho Fieldfisher Jausas, consideró por su parte que para los consumidores queda ahora abierta la vía del Tribunal Constitucional. “El Ayuntamiento de Rivas VaciaMadrid pue- recurrir ahora la sentencia al Constitucional”, señaló Ruiz de Villa. A su juicio, puede argumentar lo que señaló uno de los votos particulares, que el impuesto no responde al principio de capacidad económica, “el mismo criterio que llevó al tribunal a anular el impuesto municipal de la plusvalía cuando se vende un inmueble con pérdidas”. A su juicio, como señaló el voto particular, el beneficiario de la inscripción, es quien debe asumir el impuesto que lleva asociado, y este es el banco. “El Constitucional puede estar atento al clamor social que ha levantado este tema y anular la sentencia del Supremo”, señaló.
En el otro extremo Fernando Zunzunegui, profesor de derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid, consideró que la resolución de ayer “vuelve a la situación anterior a la sentencia del 16 de octubre: los consumidores pueden reclamar
Las asociaciones piden al Congreso que legisle a favor de los consumidores en la nueva ley hipotecaria
los gastos asociados a la firma de una hipoteca (notaría, etc) que no se hayan compartido con la entidad bancaria, pero no el impuesto”, aunque éste supone más del 75% de los gastos hipotecarios. A su juicio la nueva sentencia del Supremo es firme y “cierra cualquier riesgo legal para la banca, porque deja a los hipotecados sin ninguna vía para reclamar”.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, tildó ayer de “indignante” la rectificación del Tribunal Supremo, al que acusó de plegarse a los intereses y la “presión del lobby financiero e inmobiliario”.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por su parte pidió la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díaz Picazo, por su “gestión pésima” del caso, que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que calificó de “bochornosa”.
“Gana la banca y pierde la ciudadanía y la confianza en la justicia”, aseguró el abogado de Sanahuja Miranda, Fernando Sanahuja, que expresó su “estupefacción” ante un “súbito cambio radical” que “como letrado resulta difícil de explicar jurídicamente”.