El Gobierno esquiva un conflicto con Bruselas por el déficit público
La decisión in extremis de la sala del Supremo de revocar la obligación del pago del impuesto de la hipoteca para los bancos, en detrimento de los clientes, supone un alivio para las administraciones públicas. Ayer mismo por la mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que, si hubiese que devolver a los consumidores el impuesto de actos jurídicos documentados con cuatro años de retroactividad, las haciendas autonómicas habrían tenido que desembolsar “en torno a 5.000 millones de euros”. Una cifra, recabada entre las distintas comunidades, muy por encima de las estimaciones realizadas hasta el momento. La ministra admitió además que esta eventual devolución iba a afectar a las cuentas públicas, hasta el punto de avisar de que incluso “puede poner en riesgo” la salida de España del procedimiento comunitario por déficit excesivo.
Durante su intervención en el Foro Cinco Días, Montero explicó que estos 5.000 millones supondrían cuatro o cinco décimas del PIB menos en las arcas públicas y deberían sumarse al desfase presupuestario ya previsto para este año, que rondará el 2,7%. En ese caso, el déficit público habría superado la barrera del 3% e impediría dejar de ser el próximo 2019 el último país bajo el brazo corrector de Bruselas.
Por ello, la ministra de Hacienda aseguró que se verían obligados a “convencer” a la Comisión Europea de que, en el caso de que tengan que devolver el impuesto, esta obligación –una “situación excepcional”, puntualizó– no computara para el déficit.
Fuentes de Hacienda destacaban ayer por la mañana la importancia de la literalidad de la decisión que sale finalmente de la sala del Tribunal Supremo. “Ha de ser lo más precisa posible”, reclamaban, para poder afrontar con las máximas garantías la aplicación del esperado fallo. Asimismo, no ocultaban su preocupación por que, en el caso de que el alto tribunal no le diera la razón a los bancos, la automática reclamación por parte del Estado a las entidades financiera acabara ante la justicia. Y, por tanto, acarrease una irremisible ampliación de los plazos para recuperar ese dinero.
No hay que olvidar que las entidades financieras llevaban días remarcando que no se consideraban obligados a hacer frente a esta even- tual devolución porque en todo momento han respetado la normativa vigente y criticaban que este tipo de fallos amenazaran la seguridad jurídica. La polémica sentencia del Supremo que hace casi tres semanas generó este embrollo defendía que son los bancos los que han de abonar el impuesto de hipoteca, en contra de los que la disposición reglamentaria correspondiente y, por este motivo, deciden anularla. Anoche, por un margen de sólo dos votos, el alto tribunal cambió de criterio y volvió a la tesis de que el pago del gravamen sobre actos jurídicos documentados le corresponde a quien contrata el préstamo hipotecario.
El objetivo de déficit para el 2018, concertado en su día con Bruselas, es del 2,2% del PIB y no se va a cumplir, al margen del caos generado por el impuesto de las hipotecas. En el reparto de este desfase presupuestarios, a las comunidades autónomas el equivalente del 0,4%. En agosto –último dato disponible–presentaban un ligero superávit del 0,14%.