El Gobierno impedirá a toda costa que Franco acabe en la Almudena
Celaá sitúa ya la culminación del proceso de exhumación e inhumación en el 2019
Exhumar y trasladar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, una de las primeras iniciativas que anunció Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa el pasado mes de junio, y a la que él mismo atribuyó un “gran valor simbólico”, se ha convertido en un recurrente dolor de cabeza para el Gobierno. Los plazos siguen saltando, desde entonces, por los aires.
Sánchez quiso resolver la cuestión a la carrera, antes de que acabara el pasado verano. Pero la complejidad de todo el proceso, debido fundamentalmente a la oposición y al “pulso” planteado por la familia Franco, y a la consiguiente necesidad de que el procedimiento sea tan garantista e irrefutable que al Gobierno no le acabe saliendo disparado el tiro por la culata, obliga a seguir andando con pies de plomo. Y máxime ahora en que el Gobierno, además de exhumar al dictador del Valle de los Caídos, tiene el problema añadido de impedir que sea después inhumado en la catedral de la Almudena como desea su familia.
De momento, también será imposible culminar toda la operación antes de que acabe el año, como confiaron en la Moncloa cuando las cosas empezaron a torcerse. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no se quiso pillar mucho los dedos ayer, así que sólo pronosticó que a principios del año que viene esperan cerrar, al fin, este complejísimo proceso que para muchos, también en el PSOE, se ha convertido en “un auténtico esperpento”. “El año 2019, desde luego, arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público”, dijo Celaá.
El proceso, aunque muy lentamente, sigue no obstante avanzando. Así, el Consejo de Ministros acordó ayer, una vez concluido el primer plazo de alegaciones concedido a la familia y otras partes implicadas, que ahora el Ministerio de Justicia remita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial –municipio en el que se encuentra el Valle de los Caídos– el proyecto para acometer la exhumación, que habrán de redactar los servicios técnicos de Patrimonio Nacional. El departamento que dirige Dolores Delgado también solicitará ahora a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid –como órgano competente en materia de sanidad mortuoria– un informe sobre dicha exhumación, que en todo caso no será vinculante, en el plazo máximo de un mes. Y a continuación se dará de nuevo otros diez días a las partes interesadas, incluidos los familiares, para que presenten alegaciones.
Todo el proceso administrativo para la exhumación de Franco puede quedar concluido, por tanto, antes de que acabe este año. Ahora bien, el destino de los restos del dictador sigue sin estar despejado para el Gobierno, debido a su total rechazo a que pueda ser la cripta de la catedral de la Almudena, en pleno centro turístico de Madrid, donde la familia de Franco dispone de una tumba de su propiedad. “El Gobierno de España –subrayó ayer Celaá– no va a permitir que el dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento, con la ley en la mano. Por tanto, habilitará los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo”.
En primer lugar, el Gobierno tratará de impedir que Franco acabe en la Almudena mediante la reforma de la ley de Memoria Histórica que ahora mismo está en tramitación en el Congreso. Para ello, el grupo socialista registrará una serie de enmiendas para impedir que Franco sea enterrado en un lugar de acceso público –como es la Almudena– e incluso baraja plantear sanciones y hasta el cierre de los espacios públicos donde se pueda producir un enaltecimiento del franquismo.
No obstante, esta iniciativa puede ser también muy compleja si lleva aparejada una modificación del Código Penal. Y, en último extremo, su tramitación puede quedar a expensas del PP y de Ciudadanos, que de momento ya ampliaron en una semana el plazo para la presentación de enmiendas. Como ya ocurrió en numerosas ocasiones, estos partidos podrían pedir indefinidamente la ampliación de estos plazos de enmiendas, lo que haría infructuosa la iniciativa del Gobierno o demoraría en exceso todo el calendario.
Pero, si es así, al Ejecutivo socialista aún le quedaría una última bala en la recámara para impedir la inhumación de Franco en la Almudena, mediante la aprobación por el Consejo de Ministros de un nuevo real decreto ley que complete el que ya aprobó en agosto y que puso en marcha todo el procedimiento. A este último recurso se refirió Ce-
EL NUEVO PLAZO
La portavoz anuncia que el año que viene el dictador no podrá estar “en un lugar público”
LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO
El Ministerio de Justicia abre ahora los últimos trámites para la exhumación
LA ÚLTIMA BALA
Si la reforma de la ley de Memoria se demora, la Moncloa recurrirá a un nuevo decreto
laá ayer cuando habló del “procedimiento que sea necesario” para impedir, en último extremo, que Franco acabe en la Almudena.
Con este proceso en todo caso aún abierto, la noticia de la detención de un individuo, a mediados de septiembre, que presuntamente planeaba atacar al presidente del Gobierno por su decisión de exhumar a Franco, llevó a la Moncloa a reclamar “serenidad en el debate político”.
El Gobierno hace tiempo que viene denunciando un “clima de crispación política” que a su juicio tratan de agudizar los partidos de la derecha, en alusión al PP, Cs y Vox, para desestabilizar y acabar derribando a Sánchez. Aunque ayer no vinculó esta detención con la actitud de ningún partido. La Moncloa sólo destacó que “en ningún caso se ha visto comprometida la seguridad del presidente”. “Este tipo de amenazas es una constante a la que, por supuesto, no debemos acostumbrarnos”, zanjaron en la Moncloa. Y la ministra portavoz se limitó a calificarlo de “incidente aislado”, que ahora está en manos de la justicia.
El propio Sánchez reclamó ayer, en un acto público en el que participó en Madrid, “sosiego, serenidad, normalidad y trabajo”. El presidente del Gobierno se reconoció “involuntario protagonista” de este suceso, pero aseguró que “lo de menos es quién fuera el objetivo”, siendo lo importante reivindicar “el valor de la convivencia y la defensa sosegada de las ideas”. Reclamó así “serenidad, sobre todo, en la vida pública”. “Nuestra sociedad, que ama la convivencia, no se lo merece”, dijo. Porque todos los españoles, concluyó, “nos merecemos volver a encontrarnos”.
El líder del PP, Pablo Casado, habló desde Helsinki de este suceso y se mostró de acuerdo con el Gobierno en que hay que bajar la tensión entre partidos, informa Carmen del Riego. “La confrontación política dentro de la cámara parlamentaria es normal, pero no se debe llevar al territorio de la calle, ni que se dirija contra las familias o contra la integridad personal”, dijo Casado. Y añadió: “Los partidos moderados, y en este caso incluyo al PSOE y al PP, sabemos muy bien que esa discrepancia partidista no debe llegar nunca al entorno particular ni personal”.
Pero Casado, que quiere esperar a las investigaciones para ver si se trata de algo serio o de un loco, dejó clara su condena a todos los ataques que sufran los políticos, tanto los escraches que padeció el PP, como los atentados contra Aznar o ahora este acción contra el presidente del Gobierno. En todo caso, Casado envió “un abrazo muy fuerte” a Sánchez.