El juez investiga si Interior pagó al chófer de Bárcenas para que le espiara
El conductor habría recibido 2.000 euros al mes para desmontar pruebas de Gürtel
La mancha de aceite del caso Villarejo amenaza con extenderse cada vez más. Ahora, el que de momento aparece en primer plano no es un político. Ahora el que salta a la palestra es un chófer, protagonista de una rocambolesca historia que podría pertenecer a algún guion cinematográfico. Se trata nada menos que del chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien la policía habría estado pagando 2.000 euros mensuales –hasta un total de 48.000– para que espiase a su jefe y pasara información. El supuesto objetivo, recuperar pruebas en manos de Bárcenas, para proteger al PP ante el caso Gürtel.
Lo que a primera vista pudiera parecer un episodio de una serie de Santiago Segura es, en realidad, una investigación judicial muy seria. La ha iniciado –según desveló ayer OK diario– el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que lleva todas las indagaciones sobre el excomisario de policía José Manuel Villarejo. La parte principal es la correspondiente a la operación Tándem. Pero hay varias más. Hasta ayer, sumaban siete. Pero ahora las piezas separadas abiertas son ya ocho. La última, la del chófer de Bárcenas, transmutado en espía al servicio de intereses inconfesables y espurios. Su misión al volante, verlo y oírlo todo. Y, por supuesto, luego contarlo a sus pagadores. ¿Quiénes eran? De momento, no tienen nombre. Pero de acuerdo con los informes del departamento de Asuntos Internos de la Policía que ha recibido el juez De Egea, los responsables del encargo eran miembros de este mismo cuerpo. La sospecha que según estos informes entregados al magistrado ha ido consolidándose es que al chófer se le pagaba con dinero de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
El objetivo era que el conductor pudiera rastrear los datos que Bárcenas hubiera podido sacar de la sede del PP, y dar indicaciones lo más precisas posibles para su recuperación. Del encargo existiría constancia por conversaciones grabadas, la especialidad del excomisario Villarejo. Y además este expolicía habría conservado los recibos de los pagos efectuados al chófer. Todo este material habría aparecido en registros practicados en el marco de las investigaciones de la Audiencia Nacional.
El juez De Egea, con todo, habría pedido más datos a Asuntos Internos, entre otras cosas para establecer si alguno de los delitos cometidos en estas operaciones pudiera estar prescrito. La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado favorable, a su vez, a la apertura de esta nueva pieza separada del juzgado central de instrucción número seis. En la Audiencia y en la Fiscalía casi no se da crédito al hecho de que se hallaran recibos de los pagos con fondos reservados. El hallazgo, en suma, causó sorpresa, aunque haya sido muy útil como base de la investigación.
La misión que está bajo el foco de Asuntos Internos de la Policía habría sido encomendada en el 2014 al excomisario Villarejo y su socio Enrique García Castaño, quien durante años fue el máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Los hechos habrían sucedido, por tanto, durante el mandato del expresidente Mariano Rajoy, siendo titular del departamento Jorge Fernández Díaz. Sobre cómo se regían los fondos reservados en ese periodo, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, hoy portavoz del PP en el Senado, manifestó ayer que mientras estuvo en ese cargo no gestionó “ni un solo euro” correspondiente a dicha partida.
“Los fondos reservados –dijo Cosidó– los gestionaba el Ministerio del Interior directamente con las unidades operativas de la Policía. No estaba entre las competencias del director de la Policía su gestión. En los cinco años que fui director no gestioné ni un solo euro de esos fondos. No tenía competencia de control”. Cosidó añadió que hay que ser “prudentes” al efectuar valoraciones sobre esta cuestión y
Asuntos internos de la Policía tiró del hilo de recibos firmados por el conductor con cargo a los fondos reservados
expuso su “casi certeza” sobre la profesionalidad de la Policía en el uso de los recursos a su disposición.
La Sala Penal de la Audiencia Nacional, por otra parte, ratificó ayer las medidas cautelares impuestas al empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, investigado en otra de las piezas contra Villarejo. Dichas medidas fueron pedidas por la Fiscalía Anticorrupción, después de que el propio juez De Egea las estimara innecesarias inicialmente.