El 7% de los hogares catalanes sufre pobreza energética
Frente común para pedir a las eléctricas la condonación de la deuda de las familias vulnerables
Los diferentes criterios utilizados para intentar determinar, con más o menos precisión, el alcance de la pobreza energética, es decir el número de personas que no puede pagar las facturas de la electricidad, el gas o el agua, provoca un baile de cifras sobre el número de afectados. Ayer, en el marco del Congrés Català de Pobresa Energètica, se apuntó que la amplia horquilla de hogares damnificados oscila entre los 225.000 y los 579.000, lo que se traduce en un mínimo del 7,5% del total de viviendas de Catalunya, según un informe del Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) que utiliza, pero, datos del 2015.
Por otro lado, la Enquesta de Condicions de Vida 2017 del Institut d’Estadistica de Catalunya (Idescat) a la que hizo referencia ayer la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Francina Alsina, indica que son 400.000 los catalanes que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, el 6,3%, dos puntos y medio menos que en el año anterior. La tendencia es a la mejora, entre otras causas gracias al impacto de la ley 24/2015. Las 400 personas que participaron, ayer, en la primera jornada del congreso que se celebra en las Cotxeres de Sants reflexionaron en torno a la eficacia de dicha norma en el ámbito de la pobreza energética, concluyendo que ha logrado frenar miles de cortes de suministro.
El drama de Rosa, la anciana de Reus a la que Gas Natural Fenosa interrumpió el suministro por no pagar el recibo y falleció por asfixia al prender una vela en su domicilio, marcó un antes y un después. Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, corrobora que después del trágico suceso, a finales del 2016, las eléctricas ya empezaron a acudir a los servicios sociales municipales al detectar impagos de sus clientes y antes de proceder a la interrupción del suministro, tal como marca la ley. Si el ayuntamiento determina pues que el impago responde a una situación de vulnerabilidad del vecino en cuestión, la compañía no puede suspender la conexión a la red.
Esta es una parte de la ley 24/2015, surgida de una iniciativa legislativa popular (ILP), que en líneas generales se cumple siempre y cuando los servicios sociales hayan detectado a las familias más frágiles o ellas les hayan notificado que no disponen de los ingresos necesarios para satisfacer las facturas. Uno de los motivos de que haya cortes es que hay afectados que desconocen la ley y no han acudido a los servicios sociales de sus municipios para informales de su situación.
Entidades sociales, alcaldes y representantes de las administraciones locales advirtieron que la ley encalla en un asunto crucial: ¿quién paga la deuda acumulada por las familias que han evitado los cortes? Maria Campuzano reiteró que en ningún caso las facturas deben ser asumidas con fondos públicos e instó a la condonación de la suma pendiente.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, instó a la Generalitat a que siente de una vez a la mesa de negociación a las eléctricas para proceder a la firma de convenios que delimiten cómo se resuelve este tema. La mayoría de los presentes asumieron que el punto de partida debe ser que las compañías se hagan cargo del 100% de los impagos. De hecho, este miércoles, la compañía Aigües de Barcelona
CÓMO PAGAR LA DEUDA Llamamiento a que la Generalitat obligue a las suministradoras a firmar convenios
TENDENCIA A LA BAJA Desciende el número de viviendas que no pueden mantener una temperatura adecuada
anunció que condonará la deuda acumulada en los recibos atrasados del agua a las familias declaradas en situación de vulnerabilidad. “La Generalitat tiene la obligación de acabar de aplicar la ley firmando convenios con las eléctricas para impedir que las familias estén endeudadas de por vida”, reclamó Colau. Barcelona, Badalona, Sabadell, la Diputación, la AMB, las asociaciones de municipios, la Taula del Tercer Sector... se comprometieron a avanzar en este aspecto de la ley. Aunque muchos ayuntamientos están sufragando facturas de sus vecinos el mensaje de ayer es que son las compañías las que deben hacerse cargo.
Barcelona puso en marcha, en enero del 2017, once puntos de asesoramiento energético (PAE) repartidos por todos los distritos para asesorar a la ciudadanía sobre cómo reducir su gasto en electricidad y de qué recursos dispone cuando tiene la amenaza de la interrupción del servicio. Colau indicó que durante este tiempo los PAE han atendido a 50.000 personas y han impedido cerca de 10.000 cortes de suministro.
Los políticos indicaron desconocer el monto total de la deuda de los ciudadanos de sus respectivos municipios. Para disponer de los datos de cortes materializados hay que acudir a la citada Enquesta de Condicions de Vida-2017 del Idescat que apunta que 67.000 hogares, el 0,9% del total, sufrieron al menos una desconexión en los últimos doce meses analizados. En el año anterior fueron un 0,5% más. El centenar de ponentes del congreso también analizaron las causas de la pobreza energética, una de la cuales es el aumento de una media del 40% del precio agua y la electricidad durante los últimos diez años. Cabe sumar que más de la mitad del parque de viviendas en España está construido sin criterios de eficiencia energética. En este sentido, el experto Javier García Breva, que pronunció la conferencia inaugural, señaló que los inmuebles más eficientes consumen hasta un 80% menos de energía que los más precarios. Por otra lado, la Taula d’Entitats del Tercer Sector recuerda que en 174.300 hogares catalanes no hay ningún miembro de la familia que perciba ingreso alguna.
Ivàlua hace notar que, más allá de la sensación de confort, la pobreza energética agrava la exclusión social y comporta consecuencias negativas sobre la salud física y mental de los adultos y en el desarrollo de los niños al estar asociada con el aumento de enfermedades
LEY 24/2015
Barcelona ha evitado desde enero del 2017 cerca de 10.000 cortes de suministro
ASIGNATURAS PENDIENTES
Los edificios más eficientes consumen hasta un 80% menos de energía
EL RETO
Avanzar en la definición de indicadores para hacer un mejor seguimiento
respiratorias, así como de artritis y reumatismo. Dicho instituto sugiere avanzar en la definición formal de “pobreza energética” y en el establecimiento de indicadores para poder hacer un seguimiento. “La falta de una definición acordada implica la inexistencia de una convención sobre cuál es la mejor manera de cuantificar el problema”. Ahora, algunos de los parámetros que se barajan son la relación entre gasto energético y renta familiar; un consumo excesivamente bajo, lo que indica que se reduce por no poder asumir la factura, el retraso en el pago de los recibos, o la incapacidad de mantener la casa a una temperatura adecuada.