El gobierno de Colau trata de aprobar las ordenanzas fiscales contra reloj
En el pleno de octubre, si se hubiera cumplido con la tradición, el Ayuntamiento debería haber aprobado inicialmente su presupuesto, que todavía parece estar en el limbo. No fue así, como tampoco se sometieron a votación algunas de las ordenanzas fiscales, como el impuesto de actividades económicas (IAE) o el impuesto de bienes inmuebles (IBI) que, precisamente, son claves a la hora de elaborar esas cuentas: se necesitan definir para hacer estimaciones precisas de ingresos. El gobierno local trata ahora de que puedan aprobarse este mes. El tiempo apremia. Y es que algunos impuestos entran en vigor, por ley, el 1 de enero.
En este sentido, la idea del gobierno local sería llevar a la comisión de Economía del próximo martes, al menos, dos de los tres grandes impuestos periódicos del Ayuntamiento, el IBI y el IAE, para que pudieran entrar en vigor el primer día del año 2019. El plazo para que puedan estar sobre la mesa la semana que viene, explican fuentes municipales, se acaba este viernes al mediodía. BComú busca un acuerdo con otras fuerzas que permita que prosperen sin demasiados contratiempos. Después de todo, la comisión es tan sólo el primer paso de un largo proceso administrativo, luego vendrá la aprobación en el pleno para acabar con los treinta días hábiles de información pública.
La propuesta en la que estaría trabajando el ejecutivo local, y a la que ha tenido acceso La Vanguardia, plantearía de cara al año que viene, entre otras cuestiones, una serie de bonificaciones cuyo impacto económico negativo sería, al menos, de 2,1 millones de euros.
En el caso del IBI se estaría contemplando una nueva bonificación que afectaría a las viviendas destinadas a alquiler social, que ampliaría y sustituiría la subvención existente, así como otro incentivo por aprovechamiento de la energía solar. Según los cálculos municipales, estas dos gratificaciones podrían suponer una caída de ingresos, en el primer caso de unos 900.000 euros, y en el segundo de 750.000.
La propuesta del gobierno local también estaría contemplando nuevas modificaciones en el IBI que afectarían a las familias numerosas (básicamente para vincular bonificaciones a rentas), además de otras del IAE: incentivos vinculados también al aprovechamiento de la energía solar. Y con mayor impacto económico para las arcas municipales, una bonificación en el impuesto sobre construcciones instalaciones y obras (ICIO), vinculado al uso de energías renovables, por la que el Ayuntamiento calcula que podría dejar de ingresar otro medio millón de euros. La lista de modificaciones afecta también a una serie de tasas culturales sin impacto relevante, según el Ayuntamiento.
Este paquete de ordenanzas fiscales –todavía quedarían pendientes– se suma a la pequeña entrega
Los comunes trabajan con bonificaciones que podrían suponer una caída de ingresos de 2,1 millones de euros
que ya se aprobó en julio del año pasado, cuando se aprobaron las nuevas tasas se servicios generales, por la utilización privativa del dominio público o, por ejemplo, la utilización privada de las fuentes ornamentales.