Nace la Declaración de Ciudades Colaborativas
Uno de los ejes centrales de la tercera edición de la Sharing Cities Summit será la Declaración de Ciudades Colaborativas, la suma de diez principios y compromisos para garantizar la defensa de la soberanía de las ciudades que se enfrentan a los impactos disruptivos de las nuevas plataformas digitales. Si en las dos primeras ediciones la cumbre se centró en el intercambio de experiencias, “este año se ha querido ir más allá y definir una declaración conjunta de principios entre ciudades para reforzar su colaboración y que se considera que deben prevalecer en la economía de plataforma como, por ejemplo, la importancia de diferenciar modelos, los derechos laborales, el impacto medioambiental, que el modelo esté alineado con el interés general, la soberanía de las ciudades en las regulaciones... “, explica Mayo Fuster, directora de Dimmons, grupo de investigación experto en economía colaborativa en el Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.
Como explica la experta, las ciudades confirman la urgencia de desarrollar una estrategia conjunta para afrontar los desafíos del carácter disruptivo de algunas de las plataformas y proporcionar claridad a los operadores del mercado con estándares comunes. “Hay un estándar compartido y un sistema de apoyo entre ciudades; la unión de ciudades es la única vía para poder negociar o hacer frente a determinados negocios que no benefician al conjunto de la ciudad y que son impulsados por plataformas”, añade Fuster.
ESTABLECER PROTOCOLOS
La Declaración de Ciudades Colaborativas es relevante porque reivindicará la soberanía de las ciudades al negociar con plataformas digitales. Las urbes quieren hacer respetar las normas locales y el marco legal, y defender la habitabilidad de la esfera urbana, además de los derechos de los usuarios. Por tanto, el propósito es establecer protocolos digitales y estándares para garantizar el cumplimiento de las normativas de cada ciudad, previendo mecanismos de sanción de las plataformas en caso de infracciones, y velar por los derechos de los usuarios de las plataformas. Idealmente, esto dará lugar a un nuevo “contrato” en el que la actividad económica, los derechos de los usuarios y el derecho a vivir en las ciudades sean compatibles. También se acordará un plan de colaboración entre las ciudades, y Barcelona abrirá una oficina para desarrollar el plan después de la cumbre.
La declaración permitirá la unión de las ciudades para negociar juntas con determinadas plataformas