Bargalló celebra poder volver a la ‘normalidad’ con la reforma educativa
El Govern pide que la coeducación sea un requisito para otorgar un concierto
La reforma educativa planteada por el Ministerio de Educación ha sido recibida como una bocanada de aire fresco en Catalunya. Centros escolares, profesores, familias y pedagogos se han mostrado favorables a unos cambios legislativos que desmantelan de facto la polémica ley Wert que el Gobierno del PP impuso contra el criterio del resto de la oposición política. Un pacto de Estado es precisamente lo que pide la comunidad educativa, un consenso social suficiente que dé estabilidad a la ley y un recorrido suficiente a prueba de cambios políticos en el Gobierno. Y más financiación a la educación. El Govern, por su parte, se comprometió a mejorar la ley.
En cambio, tanto el PP como Ciudadanos mostraron el rechazo al texto de la reforma. El conservador Pablo Casado defendió que “la reforma educativa del PP había permitido bajar el fracaso y el abandono escolar más de 6 puntos desde que está en vigor” y denunció que el partido socialista pretende “volver a un sistema mediocre, al del paro juvenil masivo”. Por su parte, Toni Roldán, portavoz de Educación en el Congreso, criticó que la propuesta no aporta ninguna solución a problemas como el fracaso escolar o el final de los sistemas memorísticos, que, a su juicio, se han quedado desfasados y que se recogían en el pacto de Estado por la Educación que el PSOE –reprochó– “dinamitó”. “Me parece que volvemos a usar la educación como arma arrojadiza y no buscamos los consensos que necesita el país”, sentenció.
El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, valoró con satisfacción la reforma que devuelve las competencias en materia de lengua y currículum a la Generalitat que supuso un continuo ir y venir en los tribunales: “Volvemos a la normalidad, esta ley nos quita complicaciones y aporta más fuerza jurídica a lo que ya hacemos”, dijo el conseller.
El Govern hubiese preferido una derogación formal de la Lomce aunque ve bien los elementos que plantea el texto porque sirven para “acabar con todo aquello que la ley Wert quería introducir para destruir las bases del sistema educativo”. En este sentido, Bargalló aseguró que los grupos parlamentarios del PdeCAT y ERC en el Congreso y en el Senado plantearán modificaciones para incorporar durante la tramitación del nuevo texto. Por ejemplo, solicitarán que la coeducación sea un requisito y no sólo una prioridad en la concesión de los conciertos educativos, como está redactado en este borrador. De este modo, las escuelas que segregan por sexos no podrán obtener financiación pública.
La presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagógica de Catalunya (Fmrpc), Pilar Gargallo, valora especialmente el respeto a las competencias catalanas en lengua y currículum, la inclusión de la educación de 0 a 3 años y la mención a la “equidad” en la ley explicitada en que “ningún alumno quede excluido de la educación”. Lamenta que no se concrete en exceso y pide al Govern que precise las líneas en las que puede influir, como la exclusión de los alumnos, la evaluación y el diseño del currículum.
Uno de los aspectos aparentemente más controvertidos es el de la religión que la ley elimina en bachillerato. Para el representante de las familias de escuelas cristianas este punto no es excesivamente polémico porque en Catalunya se imparte ya cultura religiosa. “No podemos entender la historia sin conocer la influencia de las religiones”, indicó Albert Alegre, presidente de la mayor confederación cristiana de ampas. Considera que la asignatura debería ser de oferta obligatoria y evaluable porque lo que “sale gratuito termina careciendo de valor”.
Respecto a la escuela concertada, el presidente de la Agrupació Escolar Catalana, Oriol Blancher, ve insuficiente el presupuesto educativo para implementar la ley. Aunque valora de forma positiva la reforma, denuncia ciertas injerencias como la entrada de un representante del ayuntamiento en la composición de los consejos escolares que puede intervenir en la selección y despido del personal. “En vez de dar libertad a los centros públicos a seleccionar al profesorado, lo que hacen es coartar este proceso en la concertada”, apuntó Blancher.
Por su parte, Belén Tascón, representante de las familias de la escuela pública (Fapac), exigió más concreciones a la ley: determinar, por ejemplo, el peso de los conciertos en el sistema con valentía suficiente para toda la educación termine siendo pública.
PP Y CIUDADANOS Casado: “Los socialistas quieren volver al sistema del paro juvenil masivo”
PDECAT Y ERC
El conseller dice que los grupos plantearán modificaciones durante la tramitación del texto