Unipost contra Correos
El juez autoriza a la operadora postal catalana a que un fondo financie el pleito
El operador postal prepara una demanda contra Correos en la que reclamará hasta 170 millones de euros.
La operadora postal catalana Unipost, en fase de liquidación, ultima la presentación de una demanda multimillonaria contra Correos por abuso de competencia entre el 2004 y el 2018. El punto de partida de la reclamación judicial es una decisión de Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la UE, del pasado julio que declaró incompatibles con el mercado interior ayudas públicas a Correos desde el 2004 por casi 1.200 millones de euros.
Unipost se siente perjudicada por estas ayudas y por el uso presuntamente abusivo que hizo Correos de la posición alcanzada con ellas. En concreto, considera que la compañía controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desarrolló conductas anticompetitivas –como ofertar precios de servicios postales por debajo de su coste, entre otros– que acabaron causando la exclusión definitiva de Unipost del mercado.
Los informes periciales en los que se apoyará la reclamación de la empresa sitúan los daños y perjuicios sufridos por Unipost durante quince años entre los 160 y los 170 millones de euros, aunque esta cifra es todavía provisional y podría incrementarse antes de la presentación de la demanda, prevista para las próximas semanas. La operadora catalana, propiedad de una rama de la familia Raventós, suspendió pagos en julio del 2017 y entró en liquidación el pasado mes de febrero. Su situación es penosa: cuenta con activos por 10 millones y unas deudas de unos 95 millones, de los que alrededor de un tercio corresponde al Fogasa, que se hizo cargo de las indemnizaciones satisfechas a los trabajadores.
Por lo tanto, no tiene dinero para pagar y su entrada en liquidación hacía casi inviable la interposición de una demanda como la planteada contra Correos, que supone un coste muy elevado en abogados y peritos y –como todo procedimiento judicial– siempre es, por definición, incierto. Además, en el caso de presentar la demanda y perderla, podría afrontar una condena en costas muy gravosa para la empresa, con lo que los acreedores se quedarían sin nada que repartirse.
Por esta razón, Fieldfisher Jausas, que lleva la administración concursal de Unipost, buscó una alternativa que permitiera luchar por recuperar hasta el último euro posible para los acreedores sin poner en riesgo los pocos activos que tenía. El despacho pidió autorización a Raúl García Orejudo, titular del juzgado mercantil 7 de Barcelona encargado del concurso, para contratar
La operadora suspendió pagos en el 2017; cuenta con 10 millones en activos y deudas de 95 millones
a Ramco, un fondo de litigación para que financiara el procedimiento judicial. Y el juez, en un auto comunicado a las partes el pasado jueves, se la concedió.
Tal como proponía Fieldfisher, la autorización está condicionada a “que no se genere coste alguno para Unipost en caso de fracaso de la acción judicial y a que el citado fondo perciba un máximo del 30% del resultado obtenido en caso de éxito de la reclamación judicial”. Si Unipost gana la demanda, el pago a Ramco por sus servicios se considerará como gasto imprescindible para concluir la liquidación.
Es la primera vez que, en España, un juez autoriza a una empresa en concurso de acreedores a contratar un fondo de litigación para financiar una demanda. Ramco, en previsión de la autorización que acaba de recibir, lleva semanas trabajando en el caso y, en coordinación con Fieldfisher, ha formado un equipo de once profesionales, con varios economistas, abogados y catedráticos. Ahora, ya tienen vía libre para actuar. Y afilan sus armas.