España exige garantías sobre Gibraltar para votar el Brexit
Borrell pone como condición que Madrid dé su plácet a todo lo referente al Peñón May contraataca ante los euroescépticos que buscan apoyos para desbancarla
Los ministros de los 27 países miembros de la UE debatieron ayer por primera vez el acuerdo sobre el Brexit alcanzado con Theresa May. Y España exige cambios en dicho texto para dar su voto. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, aseguró que el pacto debe recoger que, para cualquier tema que afecte a Gibraltar, se requerirá el visto bueno de Madrid.
España exige cambios en el acuerdo sobre el Brexit para clarificar la relación futura de la Unión Europea con Gibraltar. Ayer, los ministros de los 27 países debatieron por primera vez el acuerdo de retirada y la declaración política que forman el paquete que deben sellar los jefes de Gobierno en la cumbre del domingo. Y esta vez, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dio un golpe sobre la mesa para indicar que con el redactado actual no podrá dar su aprobación. El Gobierno español no quiere hablar de “veto”, pero deja claro que quiere cambios que garanticen que lo que se negocie sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido no incluye Gibraltar, que para cualquier tema que afecta al Peñón, se requerirá el visto bueno de España. Es la posición que el Gobierno español ha hecho especificar de manera clara a lo largo de estas negociaciones del Brexit y más en concreto en las conclusiones de tres consejos europeos, uno aún con gobierno del PP, dos con ejecutivos socialistas, y quieren que la misma claridad aparezca también en el texto final de los acuerdos. “La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que no aprobará el acuerdo de retirada hasta que no tenga la relación futura; pues nosotros lo mismo, hasta que no sepamos lo que dice, tampoco vamos a aprobar el acuerdo de retirada”, sentenció contundente Borrell.
La discrepancia tiene un número. El artículo 184 del acuerdo de Retirada, que establece las negociaciosabe nes para la relación futura entre la UE y el Reino Unido. Allí se afirman que las dos partes actuarán de “buena fe y con respeto absoluto a sus sistemas legales” para negociar la relación futura “a la que se hace referencia en la declaración política”. Un redactado demasiado ambiguo para España, que quiere una mención directa a Gibraltar. Por un lado, es un problema de fondo, la falta de claridad, pero también es una cuestión de formas. A España no le ha gustado que este artículo se incluyera por sorpresa, a última hora. “Apareció el miércoles... y por iniciativa británica”, dijo el ministro Josep Borrell, y fuentes diplomáticas añadieron que la primera ministra británica, Theresa May, y a través de ella, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, lo vieron antes que España tuviera la más mínima noticia de su inclusión.
Los servicios jurídicos del Consejo de Ministros aseguran que con el redactado actual de este artículo queda asegurada la necesidad de contar con la aprobación española para cualquier tema que tenga relación con Gibraltar. Pero su análisis no convence a las autoridades españolas, que quieren un texto más claro, que evite tener que recurrir a posibles interpretaciones. “El responsable jurídico del consejo se jubila en un año, ¿quién nos garantiza que su sucesor tendrá la misma opinión?”, apuntaron fuentes diplomáticas. Y Borrell mismo insistió en que no “quiere que alguna interpretación se la lleve el viento”.
La petición española es que se modifique este artículo 184 del acuerdo de retirada, algo a lo que se resiste la Comisión Europa, porque los riesgos que puede entrañar abrir un texto tan difícilmente consensuado. De todas formas, fuentes españolas dejaron abierta la posibilidad de conseguir los mismos resultados a través de otras fórmulas, como por ejemplo podría ser una declaración adjunta y también quieren que se mencione en la declaración política.
España y el Reino Unido han cerrado una serie de acuerdos bilaterales para incrementar la cooperación durante el periodo de transición del Brexit, el que empieza a partir del 30 de marzo del 2019. Este apartado está solucionado, pero lo que ahora está en juego no es el periodo transitorio, sino la relación futura cuando el Reino Unido sea ya un país tercero, ya haya abandonado la UE.
A pesar del escollo español, el negociador europeo, Michel Barnier, consideró que los 27 países dieron su apoyo general al acuerdo, que calificó de “justo y equilibrado”. Barnier planteó la propuesta de permitir prorrogar el periodo transitorio hasta como máximo el 2022, es decir, dos años más de la fecha fijada inicialmente. Propuesta que no encontró grandes oposiciones, aunque la posición final no está aún fijada, entre otras cosas porque se espera conocer cuáles son las intenciones de Londres sobre una prolongación que puede facilitar las negociaciones, pero también suponer tensión política adicional para una ya apurada Theresa May.
Antes de este jueves, los 27 tendrían que acordar la declaración política que presentar a la cumbre del domingo, que es la que prefijará cómo serán las negociaciones para establecer las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido. En este documento quedan aún puntos por cerrar, como puede ser la preocupación por los derechos de pesca. La intención de los 27 es incluir en el documento una relación directa entre el acceso de los europeos a las aguas británicas y el acceso del Reino Unido al mercado de la UE. Una fórmula para colocarse en buena posición negociadora. También están abiertos temas como el transporte, la seguridad, y, especialmente por parte de los países del Este, la voluntad de asegurar la movilidad de los ciudadanos.
El nuevo artículo lo vio antes el ministro de Gibraltar que España, se quejan fuentes diplomáticas