Jueces y fiscales en huelga
JUECES y fiscales fueron ayer a la huelga en porcentajes apreciables –entre el 50% y el 60%, según sus propias estimaciones, el 46,8% al decir del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– para reclamar mejoras salariales y laborales, así como en defensa de la independencia del poder judicial. El paro fue impulsado por las cuatro asociaciones judiciales y por dos de fiscales. Esta ha sido la cuarta huelga de dicho colectivo desde el 2009, y la segunda en lo que va de año. Y se ha producido tan sólo tres días después de que miles de trabajadores de la administración de justicia pararan contra la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que entre otras medidas prevé facilitar la movilidad de sus trabajadores.
Las reivindicaciones de los magistrados tienen su base. Al igual que otros funcionarios públicos han visto congelados sus ingresos durante los años de la crisis, una situación que querrían revertir. Además, soportan una sobrecarga laboral: España es el tercer Estado europeo por número de litigios –el año pasado se resolvieron casi cinco millones y medio– y sin embargo su ratio de jueces por cada cien mil habitantes, que es de doce, queda en la mitad de la media europea.
Pero no es menos cierto que los jueces forman un colectivo singular, que encara sus huelgas sin tener reconocido aún este derecho fundamental ni una norma a la que atenerse, hasta el punto de que es el propio colectivo el que dicta los servicios mínimos que deben estar vigentes mientras dura su inactividad. El Ministerio de Justicia decidió ayer –y esta es una buena noticia– detraer parte de los ingresos de los huelguistas, en lo que se considera ungestohacialanormalizacióndesusderechos,quedista aún de ser plena.
Además, hay una cuestión de oportunidad. Según las encuestas del CIS, la de juez es ahora la profesión peor valorada por los ciudadanos españoles. El poder judicial –en particular los altos tribunales– atraviesa uno de sus momentos de más baja popularidad. Casos como el de las hipotecas, en el que se han encadenado decisiones erráticas del Tribunal Supremo; o como los relativos a reveses sufridos por la Justicia española en las cortes europeas, que echaron por tierra calificaciones o sentencias dictadas aquí; o como el de la renovación, con acentos partidistas, del CGPJ han perjudicado la imagen de nuestra judicatura. En esta coyuntura tampoco ayudan declaraciones como la de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado y autor de un watsap que daba por hecho que en el CGPJ, pesealarecienteremodelaciónalaquenosreferíamos,su partido iba a controlar algunas de sus salas más sensibles “desde atrás”. Son palabras desafortunadas, y así lo ha reconocido ya quien las pronunció, que sólo contribuyen a un desprestigio de las instituciones que a nadie sensato conviene.
Por todo lo dicho, quizás no era esta la mejor ocasión paraplantearunparoenelqueelelementolaboral,aderezado con el relativo a la independencia judicial, ha parecido tener una importancia central. Y aún cabría añadir que la titular del Ministerio de Justicia, Dolores Delgado, participante activa por cierto en las protestas de mayo pasado, cuando gobernaba el Partido Popular, lleva menos de seis meses en el cargo, período no menor, pero acaso insuficiente para resolver por completo unos males judiciales que se arrastran desde tiempos inmemoriales. Es probable que la opinión que tiene una mayoría de los españoles sobre cuáles son los problemas más perentorios de la justicia no coincida plenamente con la de jueces y fiscales.