Agravios y soluciones
Los gestos de la fiscal general del Estado, María José Segarra, para tratar de rebajar la tensión política en Catalunya; y las dificultades de encajar la situación de Gibraltar en las negociaciones del Brexit.
MARÍA José Segarra, fiscal general del Estado, efectuó ayer la primera visita a Barcelona como titular del cargo. En su transcurso dijo que la Fiscalía tiene ya ultimadas las diligencias judiciales contra decenas de alcaldes catalanes por su participación en los hechos del 1-O. Pero añadió también que la Fiscalía actuará “caso por caso” y decidirá si los judicializa o los archiva en función de los actos de cada munícipe. Quiso hacer hincapié la fiscal en que no estamos ante una causa general, sino ante unos procedimientos que se desarrollarán en el marco del “pleno principio de legalidad”.
De tales palabras no puede colegirse que la fortuna de cada investigado vaya a ser mejor o peor. Pero sí puede colegirse, una vez más, la sutil influencia del ejecutivo sobre el judicial. Y, al decir de la prensa antigubernamental, incluso mucho más que eso.
Durante meses el soberanismo ha pedido al Gobierno gestos de buena voluntad que, de alguna manera, pudieran aliviar la situación de los presos. Las facultades del Gabinete son en este sentido limitadas, más allá de proponer al Rey un posible indulto una vez esté sentenciado el juicio. Son limitadas, en primer lugar, porque los políticos presos cometieron delitos que difícilmente desaparecerán, a ojos de los encargados de juzgarlos, como por ensalmo. Puede haber discrepancias sobre la calificación de tales delitos. Pero está fuera de duda que hace algo más de un año, desde el Govern, se impulsaron acciones contrarias a la Constitución y el Estatut, tipificadas penalmente. En segundo lugar, las facultades del Gabinete son limitadas porque su capacidad de influencia sobre el poder judicial también lo es. La temperatura política de la sociedad española ya es muy elevada como para que Pedro Sánchez se permita injerencias explícitas, que pincharían en hueso y acabarían dañando, acaso irreparablemente, los prestigios de dos pilares básicos de la democracia.
Dicho esto, los soberanistas no pueden afirmar sin faltar a la verdad que sus peticiones han sido ignoradas por completo. Ayer mismo, se publicó la noticia referida a la destitución de Edmundo Bal, responsable del área penal de la Abogacía del Estado, organismo, este sí, dependiente del Gobierno. Bal era el encargado en dicho órgano del caso 1-O, y la causa de la destitución no fue otra que su desacuerdo con el informe elevado por la Abogacía al Tribunal Supremo, rebajando el delito de rebelión al de sedición. Rebaja, por cierto, que es uno de los caballos de batalla del soberanismo.
Días antes, habíamos asistido a una remodelación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a raíz de la cual hubo cambios propicios en el Tribunal Supremo y, en particular, al frente de la sala que juzgará a los encausados catalanes. Podríamos hablar asimismo de lo que cabe interpretar como otros gestos. Por ejemplo, el sobreseimiento de la causa contra Jordi Turull por alzamiento de bienes. O la respuesta de la Audiencia Nacional cuando se le enviaron dos miembros de CDR acusados de terrorismo, señalando que la calificación no procedía y devolviéndolos a la administración ordinaria de justicia en Catalunya. O incluso la desestimación de la demanda presentada por Vox contra el presidente Quim Torra por sus artículos...
En definitiva, los gestos reclamados, las pruebas de buena voluntad, existen. Pero no se les puede pedir que tengan la facultad de borrar totalmente conductas que existieron y determinaron nuestro agitado presente.